La portavoz del PP en las Corts, Isabel Bonig, pidió ayer «respeto» a las decisiones de los jueces y en caso de no estar de acuerdo «utilizar todos los instrumentos que prevé la ley para impugnarlas», al ser preguntada por la decisión de la jueza del metro, Nieves Molina, de imputar a la doctora del SAMU que declaró en las Corts haber visto los cuerpos del maquinista y la revisora en la cabina, en contra de lo sostenido por la policía.

Bonig ve «desafortunadas» las críticas a la juez y recuerda que existe «independencia judicial y separación de poderes. Y hay que creérselo. Cuando se trata de darle leña al mono al PP perfecto, pero cuando se trata de otras decisiones que pueden beneficiar a unos y perjudicar a otros enseguida salen a atacar a los jueces», lamentó la presidenta regional del PP, formación que ha tardado un día en pronunciarse sobre la última decisión de la jueza del metro. Bonig incluso pidió a la diputada de Podemos Fabiola Meco una rectificación por decir que la jueza buscaba «amedrentar» a la médico, algo que para Bonig es una acusación «profundamente grave. Decir eso supone imputar a la jueza del caso un delito de coacciones y es muy grave».

Los portavoces del resto de partidos también se pronunciaron. A juicio de Manolo Mata (PSPV) los jueces se «equivocan» y calificó de «error manifiesto» la petición de investigar a la médico del SAMU. Mata considera que alguien que comparece en una comisión parlamentaria y dice lo que vio con sus propios ojos, «no puede ser merecedor de abrir una investigación criminal». Y añadió que «otros testimonios hubieran merecido merecido más esa apertura de investigación judicial». Fran Ferri (Compromís) mostró su «sorpresa» por la rapidez de la imputación y defendió una «apertura de diligencias global para ver si realmente todo el proceso seguido hasta ahora ha estado bien seguido». A Alexis Marí (Ciudadanos) la imputación le produce «mucha indignación. Hoy en España te imputan por decir lo que uno ve» y ve «poco acertada» la decisión de la jueza. Antonio Montiel (Podemos) considera «sorprendente» y «extraña» la imputación porque puede «tener efectos disuasorios sobre comparecientes en comisiones, y es una interferencia absolutamente inusual».