«Cumplimentados todos los trámites legales previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, declaro concluso el juicio y visto para sentencia». Así puso fin la magistrada Samantha Romero al juicio que durante más de seis meses ha puesto la lupa sobre el presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, y que por primera vez ha sentado en el banquillo a un miembro de la Familia Real, la Infanta Cristina, bajo una petición de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
La presidenta del tribunal dio ayer por concluida la vista oral, inmediatamente después de que ninguno de los acusados hiciera hecho uso del derecho a la última palabra.
Desde que el pasado 11 de enero arrancase el juicio, además de los 17 acusados de la causa han comparecido más de 300 testigos y numerosos peritos, cuyo interrogatorio ha ido dirigido a esclarecer el supuesto desvío de 6,2 millones de euros de Baleares, Madrid y la Comunitat Valenciana a través de los distintos eventos organizados por el Instituto Nóos, y cuyo coste fue notablemente inferior a los fondos abonados por las Administraciones. Hasta seis acusaciones han estado personadas en el juicio: la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la de la Baleares, el sindicato Manos Limpias y el PSPV del Ayuntamiento de Valencia, mientras que la Abogacía de la Generalitat Valenciana únicamente ha ejercitado acciones civiles ante los presuntos perjuicios causados a sus arcas públicas.
La única acusación que ve indicios delictivos contra la infanta es Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para ella.
«Un crimen ser yerno del Rey»
Jesús Bonet, el abogado del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, defendió ayer la legalidad de los contratos del Instituto Nóos para organizar los Valencia Summit y criticó que se cuestionen solo porque los propuso Iñaki Urdangarin, como si fuera «un crimen ser yerno del rey de España».
En su informe ante el tribunal, Bonet sostuvo la «absoluta legalidad» de las contrataciones de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) con el Instituto Nóos entre 2004 a 2006 y negó que la conducta de Alfonso Grau pueda ser considerada delito, porque la acusación ha sido «construida sobre faltas a la verdad».
Bonet recordó que el fiscal se preguntó en su informe final si ser infanta e hija del rey de España es un crimen: «Si eso no es un crimen y estamos de acuerdo, ¿por qué entonces parece que sea un crimen ser yerno del rey de España, estar casado con una infanta y llamarse Iñaki Urdangarin?»
«Parece que si es Urdangarin y trae algo hay que anatematizarlo», insistió el letrado Bonet, que defendió la valía de las propuestas del marido de la infanta y que se cuestionen precisamente porque procedan de él, sin tener en cuenta su capacidad para llevar a cabo las cumbres.
