La Diputación de Valencia rescatará 12 millones de euros del remanente de 2015, que podrían haber acabado en los bancos según informó ayer la institución provincial, y los distribuirá entre los 187 municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia para que inviertan en sus necesidades. La corporación que preside Jorge Rodríguez activa de esta forma un segundo Plan de Inversiones Sostenibles (IFS) que se aprobará en el pleno del mes de julio.
Los responsables de la institución provincial barajan los criterios de distribución de esta nueva línea de ayudas, que tendrá una parte fija para cada municipio y una variable en función del número de habitantes. Los cambios de criterios contables han permitido rescatar estos 12 millones y destinarlos a inversiones sostenibles, sin costes complementarios, como ya sucediera en el primer IFS de esta nueva etapa política de la diputación, con una dotación de 70 millones de euros del remanente de 2014.
A esta partida de doce millones hay que sumar otros 20 millones de euros del remanente de 2015 que se están destinando a convenios singulares con los municipios, de acuerdo con sus necesidades y de forma coordinada con la Generalitat Valenciana, especialmente en materia de instalaciones deportivas, bienestar social y proyectos turísticos.
En total, este año se pondrán en marcha inversiones por valor de 150 millones de euros, si se suman estas partidas del remanente al primer IFS, de 70 millones de euros, el Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS), que ha distribuido 34 millones de euros, y el Plan de Caminos y Viales, con una dotación de 12 millones.
En palabras del presidente, Jorge Rodríguez, la tarea de la corporación es que el dinero «llegue a todos en base a criterios objetivos y no discrecionales; quien decide qué color político gobierna los pueblos son los ciudadanos al votar y no somos quién para castigar a nadie». Por su parte, la vicepresidenta Maria Josep Amigó, destacó que «muchos municipios, en especial los pequeños, tienen problemas para prestar los servicios básicos, por eso se necesitan ayudas justas y dimensionadas que permitan que todo el mundo tenga los mismos derechos con independencia de la ciudad o el pueblo en el que se viva».
