28 de junio de 2016
28.06.2016
Accidente del metro

La jueza no ve "datos relevantes", pero imputa a seis exdirectivos de FGV para evitar la prescripción

La magistrada quería esperar a tener dos informes pero uno se demorará y quiere evitar "consecuencias irreparables"

28.06.2016 | 15:18
La jueza no ve "datos relevantes", pero imputa a seis exdirectivos de FGV para evitar la prescripción

La inminente prescripción de los posibles delitos ha obligado a la jueza del metro, Nieves Molina, a imputar a seis exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) más, tal como solicitaban las familias de las víctimas del metro y la Fiscalía. Tres meses ha tardado la magistrada en adoptar esta decisión que pretendía demorar hasta que llegaran los dos informes periciales sobre el siniestro encargados el pasado mes de noviembre. Pero uno de ellos, solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), se demorará hasta el próximo mes de octubre.

Así que la jueza no ha tenido más opción que declarar como investigados, aunque no ve «datos relevantes» para hacerlo, a Marisa Gracia Giménez (ex gerente de FGV), Manuel Sansano (director de operaciones), Juan José Gimeno Barberá [exdirector de la dirección de auditoría y análisis de la seguridad en la explotación (DAASE)], Luis Miguel Domingo Alepuz (jefe de talleres de Valencia Sud), Sebastián Argente Cuesta (jefe de la Línea 1) y Gonzalo Romero Salt (jefe de mantenimiento de instalaciones fijas), según las responsabilidades que tenían en 2006. Sólo cuatro trabajan aún en FGV.

Una decisión que la jueza del metro adopta para evitar las «consecuencias irreparables» que acarrearía esperar a que llegara el informe de la AESF en octubre. Si éste concluyera que existe responsabilidad penal, ya no podría acusar a ninguno de los exdirectivos que no estuviera imputado en la causa antes del 3 de julio. En el décimo aniversario del accidente del metro prescriben los 43 homicidios por imprudencia profesional y contra los derechos de los trabajadores por la muerte de los dos empleados de FGV fallecidos.

En la causa del metro ya hay otros tres directivos imputados desde mayo de 2014, por su responsabilidad sobre el proyecto de instalación de las balizas de frenado. Se trata de Vicente Contreras Bórnez, director adjunto de explotación en 2006 y número dos de FGV; Francisco García Sigüenza, director técnico de FGV y «número 3»; y Francisco Orts Pardo, jefe de Estudios y Proyectos, el departamento en el que recayó la supervisión de la instalación del frenado automático puntual (FAP), instalado en la Línea 1.

Todas las imputaciones se han producido durante la «tercera» fase de la instrucción del accidente, ya que en 2006 y 2007 la jueza consideraba que el único responsable penal del siniestro era el maquinista, fallecido en el descarrilamiento, por lo que veía extinguida toda responsabilidad.

La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (Avm3j) se mostró ayer «muy satisfecha» con las nuevas imputaciones aunque sean «por si acaso». La presidenta de la Avm3j, Rosa Garrote, recordó que la asociación ya pidió en 2014 y en marzo que fueran investigados. «Tanto tiempo esperando, que estamos muy satisfechos de que los haya citado, aunque no se pueden lanzar campanas al vuelo, pero es una buena noticia que la jueza haya tenido la precaución de que no prescriban los posibles delitos para ellos».

«Confusión» de las acusaciones
Sobre los informes periciales solicitados, el Juzgado de Instrucción 21 ya ha recibido el del Invassat (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo) en el que se concluye que «no ha existido infracción alguna de la normativa de prevención de riesgos laborales». Conclusión que «coincide con los informes de la Inspección de Trabajo».

A la espera de recibir el dictamen de la AESF, la jueza ya avisa en su último auto que, la información actual de la que dispone «llevaría a denegar la condición de investigados» de los seis últimos directivos de FGV «dada la falta de datos relevantes».

La instructora no comparte los argumentos esgrimidos por la Fiscalía ni por las víctimas de que FGV incumplió la normativa de prevención de riesgos laborales porque carecía de un análisis y evaluación de riesgos del lugar donde se produjo el accidente. Un argumento que la jueza achaca a «la confusión [de las acusaciones] de lo que es la seguridad en el trabajo con la seguridad en la circulación».

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