29 de junio de 2016
29.06.2016
Ante el décimo aniversario del accidente del metro

Una comisión y una agencia velarán por la seguridad ferroviaria fijada por ley

Ximo Puig, Mónica Oltra y María José Salvador presentan a las víctimas del metro la normativa que se prometió en 2006

29.06.2016 | 14:07
Una comisión y una agencia velarán por la seguridad ferroviaria fijada por ley

La Comunitat Valenciana tendrá una ley de seguridad ferroviaria más de diez años después del accidente del metro. El simulacro de comisión de investigación sobre el siniestro que se hizo en 2006 ya instaba a la Generalitat a aprobar una ley sobre esta materia que debía incluir una Agencia de Seguridad Ferroviaria autonómica. Nunca se crearon. Según justificó el conseller de Infraestructuras que debería haberlas puesto en marcha, Mario Flores, por «falta de presupuesto». La ley no pasó de un testimonial título en la Ley de Movilidad, en vigor desde abril de 2011.

La ley y la agencia de seguridad ferroviarias eran una de las demandas reclamadas por la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) durante la última década y asumida por los seis partidos que pactaron impulsarla y reabrir la comisión de investigación (PSPV, Compromís, Ciudadanos, Podemos, EU y UPyD) el 4 de mayo de 2015. La consellera de Obras Públicas, María José Salvador, recogió el testigo y creó en octubre un comité de expertos que ya ha elaborado un anteproyecto de ley que «podría presentarse al pleno del Consell a finales de julio» o principios de septiembre. El compromiso con la Avm3j es que estuviera en vigor en el ecuador de la legislatura, en un plazo máximo de dos años.

La Generalitat presentó ayer a la Avm3j esta propuesta legislativa. Y quiso hacerlo con solemnidad en un acto en el Palau en presencia del jefe del Consell, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra. También acudió el grupo de seis expertos que ha trabajado en el anteproyecto de ley. La nueva normativa es un gesto más del Consell para «hacer justicia y reparar el daño» a la Avm3j, según Ximo Puig. «Hace un año la vicepresidenta y yo nos reuníamos aquí con la Asociación de víctimas del metro para hacer un acto de justicia y reparación de lo que había sido una falta de empatía básica y de respuesta adecuada por parte de la Generalitat», defendió el jefe del Consell.

Las principales novedades de la ley que quisieron adelantar (no se facilitó ningún texto) será que dos organismos independientes entre sí supervisarán la seguridad en el transporte ferroviario valenciano: una comisión permanente de investigación que analizará las causas de incidentes, o accidentes, que pudieran producirse en el ámbito ferroviario «para poder aplicar las medidas y mecanismos correspondientes para mejorar la seguridad y que éstos no se vuelvan a producir»; y una nueva Agencia de Seguridad Ferroviaria que se encargará de «velar por el mantenimiento de la seguridad de la red ferroviaria, autorizar la entrada en servicio de nuevos vehículos, otorgar certificaciones de seguridad y mantener actualizada la información sobre seguridad».

Laguna en la investigación judicial
La nueva normativa también regulará los sistemas de seguridad mínimos del ferrocarril valenciano. Ésta ha sido una de las lagunas que ha condicionado la investigación sobre el accidente del metro, como recordó la presidenta de la Avm3j, Rosa Garrote. «Ninguna normativa exigía la instalación de una baliza que protegiera la curva» donde murieron 43 personas «porque no había ninguna ley que regulara la seguridad y que protegiera la vida de los ciudadanos». De hecho, la jueza del metro y la Fiscalía mantienen posturas opuestas sobre si, ante la falta de normativa autonómica, eran o no aplicables la ley estatal de 2003 ( y su reglamento de 2004) o la directiva europea de 2004 al accidente del metro de 2006. La Fiscalía así lo cree, pero la jueza defiende la postura contraria.

Un debate que será estéril cuando entre en vigor la ley. La consellera de Obras Públicas María José Salvador se comprometió públicamente a que la normativa no será papel mojado, ya que se aprobará «con una memoria económica» para dotar de presupuesto tanto la agencia como la comisión cuyos componentes tendrán un perfil «técnico y no político».

El ensamblaje en la estructura autonómica aún «se está estudiando», respondió Salvador al ser preguntada si los nuevos organismos también serán independientes de su departamento. Sobre todo para evitar situaciones como la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Fomento, que en el informe del accidente del Alvia de Santiago de Compostela (24 de julio de 2013) que causó 81 fallecidos y 144 heridos derivó toda la responsabilidad en el maquinista (vivo en este caso) y exculpó a las empresas públicas del ministerio, Renfe y Adif.

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