Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) asumirá la defensa de los seis nuevos exdirectivos imputados en el accidente, según lo previsto en la póliza de seguros suscrita con la aseguradora, si así lo desean los cuatro que aún siguen trabajando en la empresa o los dos que ya la abandonaron (la exgerente Marisa Gracia o Manuel Sansano).
Aunque lo que adelantó ayer la consellera de Obras Públicas es que la Generalitat no asumirá el pago de los abogados que elijan los imputados, como sucedió con los tres primeros investigados en la causa del metro que rechazaron la defensa conjunta de la compañía aseguradora porque «podría existir un conflicto de intereses entre los tres». Aunque posteriormente pasaron al cobro a FGV una minuta de 50.820 euros por las gestiones de dos despachos de abogados en los seis primeros meses de su imputación.
Esta situación es la que quiere evitar ahora la consellera y presidenta del consejo de administración de FGV, María José Salvador, quien ya advirtió a los tres primeros imputados que no abonaría ninguna minuta más, tal como se comprometió con las víctimas del metro.
Aunque la situación que se avecina es, como mínimo, peculiar. Los letrados deberán lógicamente defender a los investigados en contra de las tesis defendidas por las víctimas, personadas en la causa y que han solicitado su imputación. Ante esta tesitura, Salvador explicó que «lo estudiaremos con los servicios jurídicos y tomaremos la decisión que corresponda».
El Plan de Empresa de 1998 de FGV prevé la defensa de los trabajadores de FGV «en caso de accidentes o incidentes en el cumplimiento de sus obligaciones laborales». Aunque Salvador lo tiene claro: «Lo que no se va a hacer es lo que hizo el anterior gobierno, contratar a los abogados que querían los imputados y que pagábamos todos».
