El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado el procesamiento de los dos exdirectores de la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA) por autorizar el pago del complemento de productividad de más de 1,8 millones de euros a varios trabajadores entre los años 2007 y 2011 sin el visto bueno del Consell. La jueza da por concluida la instrucción de una de las tres piezas separadas del conocido como «Caso Vaersa».
El auto de procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción y deja la causa preparada para la celebración de juicio, considera que existen «indicios racionales» de que Felipe Espinosa y Enrique Simó podrían haber cometido un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa por «las irregularidades cometidas en el abono de la productividad a los empleados de la entidad pública Vaersa (€) vulnerando la legalidad vigente». Unos pagos que, según la magistrada, hicieron «con conciencia plena de la ausencia de autorización por parte del Consell para proceder al abono correspondiente, tal como exigen las leyes de presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana».
En 2007,el director de Vaersa, Felipe Espinosa, repartió con cargo a los fondos públicos 367.000 euros entre diferentes empleados, pese a «no contar con la debida autorización del Consell (€), presuntamente a sabiendas de que no existía dicha autorización, actuando al margen de la legalidad vigente y con conciencia plena de ello y con perjuicio para las arcas públicas».
En 2008 se abonaron en concepto de productividad 416.00 euros; en 2009 el importe ascendió a 478.000 y en 2010 distribuyó 502.000.
Su sucesor en el cargo, Enrique Simó, siguió con esta práctica y en 2011 repartió con cargo a los fondos públicos más de 62.000 euros. Ambos directores se beneficiaron de estas decisiones ya que Espinosa cobró cerca de 60.000 euros y Simó, 48.000.
La instructora también ha acordado sobreseer la causa respecto de la exconsejera delegada y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Maria Ángeles Ureña, que fue imputada después de que uno de los exdirectores afirmara que ella había autorizado verbalmente el abono de los sobresueldos.
La jueza considera que los pagos «se produjeron al margen de cualquier tipo de intervención por parte de la señora Ureña Guillém, al no haberse podido vislumbrar ningún tipo de participación en los hechos objeto de imputación».
En el "Caso Vaersa", Instrucción 15 investiga desde junio de 2014 a dos exdirectores de esta empresa pública, (Enrique Simó y Felipe Espinosa Bolaños), a la exdirectora de recursos humanos, Ana Bayarri y al abogado Vicente Bru, imputados en distintas piezas separadas por delitos de prevaricación y malversación relacionados con el pago de sobresueldos, irregularidades en la contratación de vehículos y el pago de minutas millonarias a un abogado sin mediar contrato.
