El Consell hará el viernes una segunda lectura del anteproyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda en la Comunitat Valenciana antes de remitirlo para su debate a las Corts Valencianes. La gran novedad, tras el periodo inicial de exposición pública y consulta a diversas instituciones, es la ampliación a los avalistas del derecho a una vivienda «asequible y digna» que ya se contemplaba para las personas a las que la crisis, el paro o la pérdida de expectativas las condujo de cabeza a la ejecución hipotecaria y a verse privados de su vivienda.

El nuevo texto «ha sido mejorado» con las aportaciones, que en su gran mayoría han sido incorporadas al anteproyecto, según fuentes de la Conselleria de Vivienda.

No existen cifras fiables sobre el número de avalistas que se han visto arrastrados a la pérdida de sus viviendas por su actuación como garantes de la adquisición de inmuebles por personas que, posteriormente, han sido víctimas de una ejecución hipotecaria.

Se trata en todo caso de situaciones dramáticas en las que abundan personas mayores que avalaron a sus hijos con su único bien „su vivienda„, y que ahora pueden quedarse sin ella si el banco reclama «su» propiedad. También existen casos en los que se prestó el aval sin tener una conciencia clara de la responsabilidad adquirida.

El derecho a la vivienda hace a la Administración garante de «poner a disposición» de los solicitantes de ayudas que cumplan los requisitos de emergencia social, «la ocupación estable de un alojamiento dotacional, de una vivienda protegida o de una vivienda libre.

Medidas legales

No obstante, Vivienda persigue dotarse de instrumentos legales que hagan posible frenar el desahucio obligando al propietario de la vivienda„bancos y fondos de inversión en su mayoría„ a aceptar un arrendamiento con opción de compra. En caso de conflicto, la Generalitat podría iniciar el expediente de expropiación del usufructo de la vivienda.

El anteproyecto ha pasado ya el filtro del Consell Juridic Consultiu, que ha dictaminado sobre el contenido del texto e introducido algunas modificaciones por la aprobación en el Pleno del Consell supondría su inmediata remisión a la mesa de las Corts para su debate.

Fuentes de la conselleria subrayaron los avances que ha registrado en un año de una iniciativa calificada de «prioritaria» por la consellera Maria José Salvador.