La jueza que investiga el «caso Vaersa», Silvia Vivó, ha decidido procesar a los dos exdirectores de la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA) por pagar 1,82 millones de euros en sobresueldos sin autorización del Consell. El Juzgado de Instrucción 15 da por finalizada así la instrucción de la pieza principal de este caso, al que aún le quedan dos derivadas por investigar: las irregularidades en el pago a bufetes privados de abogados y en la compra de 65 todoterrenos.
La magistrada considera que los dos directivos procesados Felipe, Espinosa y Enrique Simó, cometieron los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al pagar 1,82 millones de euros en productividad a directivos de Vaersa (incluidos ellos mismos) sin la preceptiva autorización de la Conselleria de Hacienda. Desde la dirección general de Presupuestos incluso se advirtió a Espinosa en 2007 -el primer año investigado- que no contaba con la autorización para abonar los complementos de productividad y que cualquier decisión al respecto sería nula de pleno derecho.
Una advertencia a la que ambos hicieron caso omiso ese año y en los posteriores hasta 2011. Espinosa y Simó llegaron a cobrar 60.000 euros y 48.000, respectivamente, en sobresueldos.
En el auto de procesamiento, facilitado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se revela que en 2011 «se reclamó a ocho jefes de departamento de Vaersa la devolución de los 62.624,17 euros de productividad» cobrados indebidamente. «Solo tres procedieron al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas». Enrique Simó también devolvió los 5.256,56 euros percibidos esa anualidad.
Malversación y prevaricación
El juzgado considera que ambos directivos de Vaersa cometieron los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa porque «vulneraron la legalidad vigente, con conciencia plena de que la ausencia de autorización por parte del Consell para proceder al abono de las cantidades correspondientes, tal como exigen las leyes de presupuestos de la Generalitat».
La juez también ha decidido sobreseer, provisional y parcialmente, la causa contra la ex secretaria autonómica de Medio Ambiente y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Maria Ángeles Ureña, por presuntamente autorizar estos pagos. A Ureña la había señalado Espinosa como la «persona que verbalmente autorizaba el abono de la productividad». Pero la jueza considera que los pagos se produjeron «al margen de Ureña».
