01 de julio de 2016
01.07.2016
Nueva normativa

El Consell prohibirá la contratación de empresas que operen en paraísos fiscales

El borrador de la nueva ley de Responsabilidad Social contemplará esta medida que afectaría a la Generalitat

01.07.2016 | 10:03

El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, anunció este jueves que la nueva Ley de Responsabilidad Social contemplará la prohibición de que la Administración valenciana contrate con empresas que radiquen u operen en paraísos fiscales o que se hayan visto incursas en casos de corrupción. Así lo avanzó ayer el conseller durante la presentación del borrador del anteproyecto de Ley de Fomento de Responsabilidad Social en la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, donde estuvo acompañado por el director general de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, Josep Ochoa.

El borrador de la ley de Responsabilidad Social incorpora la obligación de que la empresa licitadora se comprometa, en caso de resultar adjudicataria, «a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del contrato serán íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales, según la lista de países elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español».

Alcaraz afirmó que el borrador de este texto legislativo representa un paso «muy importante» en materia de participación y transparencia porque el documento servirá para establecer, además, cláusulas sociales en las contrataciones de la administración pública y estímulos a la responsabilidad social para las empresas, especialmente en pymes y autónomos. En este sentido, subrayó que la introducción de cláusulas de responsabilidad social y buenas prácticas por parte de las empresas valencianas será «prioritaria» para las contrataciones que desarrolle la Generalitat y su sector público, de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación pública.

Asimismo, el conseller resaltó que la apuesta por la responsabilidad social empresarial «no debe ser ajena a la Administración», ya que «la Administración no deja de ser una organización sujeta a la ley y el derecho pero también debe ser responsable socialmente». Para el conseller de Transparencia, «la contratación pública socialmente responsable supone una oportunidad para devolver a la sociedad una buena parte de lo conseguido por las empresas mediante una mejora en la calidad de vida de las personas, potenciando una sociedad más ética, más solidaria y más inclusiva, a través de la aplicación de cláusulas de responsabilidad social».CONTRATACIONES MÁS SOCIALES, ÉTICAS Y RESPONSABLES


Según ha explicado algunas de estas cláusulas son de carácter social, como el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con diversidad funcional, el fomento de la estabilidad en el empleo y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otras.

A su vez, se incluyen requerimientos ambientales como eficiencia energética, el uso de productos reutilizables, el empleo de energías renovables, o la minimización de emisiones o adecuada gestión de residuos.En cuanto a las cláusulas éticas se recogen medidas adoptadas relacionadas con códigos de conducta, transparencia y acceso a la información publica, lucha contra la corrupción o comercio justo.De este modo, el documento traslada la responsabilidad social al ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público. Para ello, se incluyen medidas de planificación como un Plan Valenciano de Responsabilidad Social, la reserva de contratos, la exigencia de memorias de Responsabilidad Social o la creación de órganos de participación y consulta como el Consejo y Observatorio Valenciano de Responsabilidad Social, entre otras.El borrador de la futura ley de responsabilidad social se abre, además, al proceso de participación pública que estará disponible desde el lunes, 4 de julio y hasta el 15 de septiembre en la web de la Conselleria de Transparencia para recoger opiniones, propuestas, sugerencias y observaciones.

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