La Conselleria de Justicia invertirá en los próximos tres años un total de 8,5 millones (procedentes de un préstamo a interés cero de la Comisión Europea) para convertir la Ciutat de la Justicia y la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en dos edificios sostenibles. La reforma también servirá para renovar la instalación eléctrica del vetusto edificio del siglo XVIII, del que se restauraron las fachadas en 1998 y 1999, y «mejorar su eficiencia energética», según explicaron ayer la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la jefa de servicio de Infraestructuras de su departamento, Francisca García.

Un total de 3,2 millones se invertirán en la sede del TSJ, cuyas obras obligarán a cerrar el edificio al pública y trasladar a funcionarios, magistrados y fiscales que lo utilizan a diario a otro lugar aún por determinar, al menos durante tres años.

En la Ciutat de la Justicia la inversión ascenderá a 3,5 millones de euros. Una cantidad importante y sorprendente si se tiene en cuenta que el edificio apenas ha cumplido 13 años de vida. «Es un edificio que nació viciado», aseguró Bravo al ser preguntada al respecto. La Ciutat de la Justicia comenzó a funcionar con «problemas iniciales que nunca se resolvieron, no se ha invertido el tiempo necesario en mantenimiento» lo que ha «generado un dossier de quejas elevadísimo» por las malas condiciones en las que se trabaja en el moderno edificio. «Y eso no me lo tiene que contar nadie, porque yo misma lo he vivido: despachos en los que no se puede trabajar porque a partir de abril alcanzan los 50º C y podías llegar a sufrir hasta un golpe de calor».

Conductos de ventilación tapados

También son habituales en la Ciutat de la Justicia las imágenes de los conductos de ventilación tapados o desviados con paraguas para que los trabajadores no reciban el chorro directo del aire acondicionado. Son este tipo de situaciones las que se han recopilado y analizado en una memoria técnica y se mejorarán en el proyecto de climatización del edificio.

Ambos proyectos serán financiados con fondos europeos procedentes del JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), una iniciativa de la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Eruopa para dar apoyo a planes de regeneración o desarrollo urbano sostenible que mejoren la eficiencia energética y utilicen energías renovables. El dinero que recibe Justicia funciona como «un crédito a devolver en 15 años a un interés del 0% y los tres primeros años de carencia», según Bravo.