01 de julio de 2016
01.07.2016
Multa de la UE

El Supremo deja al Consell a un paso de pagar la sanción de 19 millones de la UE

Desestima suspender la repercusión de la multa por el amaño del déficit por los ejecutivos del PP

01.07.2016 | 10:03

Las puertas se le cierran al Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra para esquivar el pago de una multa por una acción de los ejecutivos anteriores, del PP. Los gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra ocultaron 1.891 millones de gasto „eso dijo la Comisión Europea„ para amañar los datos del déficit. La consecuencia fue una multa de casi 19 millones de la Unión Europea (UE) que España (el Gobierno de Mariano Rajoy) pagó y ordenó repercutir a la Comunitat Valenciana.

La Generalitat recurrió de inmediato contra la decisión de la Moncloa, pero el Tribunal Supremo le acaba de decir que no tiene razón, que ha de pagar.

El Gobierno bipartito estudia ahora si acata el auto o pide el amparo de la instancia superior, el Tribunal Constitucional, para lo que debería alegar que se ha incumplido algún precepto de la Carta Magna.

Fuentes del Consell calificaban ayer la situación de «atraco institucional», pero admitían que las posibilidades de éxito de mantener el litigio abierto son escasas y, mientras tanto, van creciendo los intereses devengados, que también corren a cuenta de la Administración autonómica. Por ello, no hay una decisión clara sobre el recurso.

Además, el fondo de la cuestión está aún por decidir, de modo que los 19 millones regresarían a las arcas de la Generalitat si el Supremo fallara a su favor y considerara improcedente que Rajoy haya cargado al Consell la multa por unas actuaciones atribuibles a los gobiernos anteriores del PP. Por ahora, el alto tribunal solo se ha pronunciado en contra de la suspensión cautelar de este pago.
No es el único recurso vivo. Existe también uno de España contra la resolución comunitaria. Es uno de los argumentos esgrimidos por la Generalitat.

Carga las costas procesales
La sanción de la UE es de 18,96 millones. Los intereses por los costes financieros desde que España pagó la multa el pasado 28 de enero ya ascendían en marzo „cuando el Consejo de Ministeros aprobó repercutir el coste a la Comunitat Valenciana„ a 57.568 euros.

La resolución ahora del Tribunal Supremo añade además a la cuenta las costas procesales, que impone a «la parte promotora del incidente», como suele ejecutar de oficio. En este caso, limita a un máximo de mil euros la cantidad a abonar a la parte contraria (el Gobierno central).

El alto tribunal argumenta en su auto que con las medidas cautelares «se trata de asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso, evitando la producción de un perjuicio de imposible o difícil reparación».

Sin embargo, en el caso en curso, la sala de lo contencios-administrativo entiende que la Generalitat «no ha probado, siquiera de forma indiciaria, los perjuicios que pudieran derivarse de la ejecución del acto impugnado».

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