02 de julio de 2016
02.07.2016

El Consell se da dos años para activar un plan de rehabilitación y construcción de viviendas

Los grandes propietarios que no ocupen sus viviendas vacías en seis meses serán multados con la nueva ley

02.07.2016 | 04:15

Aunque los datos estadísticos no están actualizados, las últimas cifras, de 2011, hablan de más de medio millón de viviendas vacías en la Comunitat Valenciana. Número que probablemente será mucho más elevado, habida cuenta de los desahucios que se han producido desde entonces. Ocupar todo ese parque de inmuebles deshabitados es uno de los objetivos que persigue la nueva ley por la Función Social de la Vivienda, que como publicó Levante-EMV el pasado jueves, se aprobó ayer en el seno del Consell en su último trámite hasta llegar a las Corts.

La norma ha sido modificada con las sugerencias y mejoras propuestas por agentes sociales y económicos. Como contó este periódico, una de las principales novedades es que se amplía el derecho a una vivienda «asequible y digna» también a los avalistas, en la mayoría de los casos, personas mayores que respaldaron los préstamos de sus hijos con el único bien que tenían, su casa.

Para poner fin a este drama, la cartera de Mª José Salvador ha incluido en la norma medidas como la creación de un Registro de Viviendas Vacías para inscribir todas las viviendas declaradas deshabitadas por la administración mediante una resolución. Se considerará deshabitados aquellos inmuebles que lleven más de dos años vacíos, y en ningún caso de particulares, sino los que pertenecen a grandes propietarios (más de 10 viviendas), financieras o bancos. Una vez inscritos en este listado, tendrán seis meses para que se ocupen, de lo contrario se enfrentan a multas que podrán ir desde los 600 hasta los 30.000 euros.

Alquileres sociales
También se quiere promover la continuidad en el inmueble a través de la transformación de los contratos de compraventa en contratos de alquiler con opción a compra. La Generalitat aplicará un alquiler social durante tres años, que no podrá superar el 25 % de los ingresos. En este sentido, también se fomentará el alquiler entre los particulares. Se estimulará a los propietarios para que arrienden a personas y familias con dificultades. También se darán ayudas para facilitar el acceso de determinados colectivos vulnerables.

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