El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció ayer que prorrogará un año más del Decreto de Sequía en las cuencas del Júcar y del Segura que expiraba el próximo septiembre.
El ministerio constata que la situación «no ha mejorado desde que en mayo de 2015 activó el primer decreto de sequía para estas cuencas. Al contrario de lo que ocurrió entonces, el nuevo decreto no ha ido acompañado del anuncio de nuevas obras de infraestructura destinadas a paliar los efectos de la escasa disponibilidad de agua.
La prórroga permitirá «seguir aplicando durante la próxima campaña de riego «medidas excepcionales «para paliar los efectos de la sequía. Según el ministerio, desde mayo de 2015 se han puesto a disposición de los usuarios más de 55 hectómetros cúbicos de agua adicionales en el Júcar y 154 hm3 en la cuenca del Segura.
Recientemente, el gobierno autorizó incrementar la producción de las desaladoras asumiendo parte del coste del agua, que ha sido ofrecida a los agricultores al precio «político» de 0,30 euros/ m3.
Según explica el ministerio, en la cuenca del Júcar, las precipitaciones han vuelto a situarse por debajo de la media en el presente año hidrológico. Este déficit ha provocado «una disminución de los recursos embalsados en las principales infraestructuras de regulación, afectando principalmente a los sistemas de explotación del Júcar, que atiende las principales demandas urbanas y agrícolas de la demarcación, y del Turia, que se encuentran actualmente en estado de prealerta».
Los sistemas en peor situación
La situación es especialmente delicada en los sistemas de explotación de Marina Baja, Marina Alta y Serpis, «tanto por las escasas precipitaciones como por la reducida capacidad de regulación superficial». Por lo que respecta al Segura, tanto en la cuenca propia como en el trasvase, se encuentra en una situación de prealerta, «con tendencia desfavorable».
Entre las medidas que se podrán aplicar figura la ejecución de sondeos para recursos adicionales, la utilización de volúmenes laminados en episodios de lluvia, el uso de recursos de desalinización de agua de mar no asignados y la utilización de infraestructuras del Estado que posibiliten la distribución de recursos.
