02 de julio de 2016
02.07.2016

Imputan por presunta irregularidad urbanística a la portavoz provincial del PP

Mª Carmen Contelles y otros cinco exediles de la Pobla de Vallbona declararán el próximo 14 de julio

02.07.2016 | 01:14
Imputan por presunta irregularidad urbanística a la portavoz provincial del PP

La actual portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia, Mª Carmen Contelles, está llamada a declarar en calidad de investigada (antes imputada) por un presunto caso de «irregularidades urbanísticas», según confirmaron a Levante-EMV fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Junto a la exalcaldesa de la Pobla de Vallbona declararán ante el juez cinco exediles del mismo municipio: José Francisco Tortajada, Luis Peiró, Federico Martín, Luis Navarro y Ana Rocha, que formaron parte del equipo de gobierno popular entre los años 2003 y 2007.

Los hechos por los cuales comparecerán el próximo 14 de julio ante el Juzgado de Instrucción 4 de Llíria fueron denunciados por el partido Ciudadanos Urbanizaciones de la Pobla de Vallbona (Cupo), y se remontan a 2003. Según explicó a este periódico Paco Navarrete, concejal de la formación, en 2013 presentaron un escrito a la Fiscalía de Valencia al conocer el caso de una vecina de la localidad a la que el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona reclamaba una cuota de urbanización de 30.000 euros cuyas obras había asumido el consistorio y que este había decidido repercutir a los propietarios. La factura debía haberla pagado la constructora, pero quebró.

El conflicto surgió cuando la vecina denunciante se construyó en 2003 una casa en este municipio de la comarca del Camp de Túria. Cuando finalizaron las obras, en 2004, quiso legalizar su inmueble, pero no pudo porque la vivienda se había edificado sin licencia de obras. Al parecer, no se podía facilitar ese trámite porque la zona no estaba urbanizada. Tras el cambio de gobierno en 2005 en este consistorio, se acometieron estas obras (instalación de suministros de agua, luz y gas), pero en lugar de hacerlas la constructora las ejecutó el ayuntamiento. La Fiscalía halló indicios de un presunto delito urbanístico y trasladó el caso al juzgado. Este periódico intentó recabar la versión de Mª Carmen Contelles, sin éxito.

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