¿Cuál es la situación actual de la financiación del sistema universitario público valenciano?
Las universidades públicas valencianas hemos de manifestar que nos sentimos apoyadas por el actual Consell. Es verdad que estamos es un contexto especialmente difícil, porque son públicos y notorios los problemas de financiación autonómica. Pero, no por ello hay que dejar de reivindicar una solución para el sistema público universitario valenciano.
¿Por dónde van las reivindicaciones de los rectores?
Una de ellas es que necesitamos, de forma muy urgente, que en los presupuestos de la Generalitat de 2017 haya un incremento de la subvención ordinaria porque la situación es extremadamente grave. En estos momentos estamos a unos niveles de subvención de 2006, es decir de hace una década, mientras los gastos de personal y de funcionamiento han ido incrementándose. Estamos en una situación límite y necesitamos ser entendidos por el Gobierno valenciano para 2017. Pero, además, reivindicamos una reflexión global, un planteamiento ex novo de lo que es la financiación del sistema universitario.
¿Y qué no debe faltar en esa reflexión sobre la financiación?
Volver a tomar lo que representó el Plan Plurianual de Financiación (PPF), que firmamos las universidades y el Consell en 2010 y cuya vigencia acaba en 2017 a pesar de que nunca se ha puesto en marcha por la crisis. Las universidades teníamos un grado de ilusión importante en el PPF porque era un plan pionero en el conjunto del Estado, sobre todo porque establecía un compromiso de aceptar un porcentaje importante de la financiación en base a resultados. Por tanto, hay que considerar los niveles de financiación en que estaríamos en 2017 si se hubiera aplicado el PPF.
En esa sensibilidad que reclaman a la Generalitat, ¿cuál sería el porcentaje mínimo de incremento de las transferencias?
El conjunto del sistema universitario público valenciano recibía en el entorno de 2009 y 2010 unos 800 millones de euros anuales del Consell y en estos momentos estamos en 665, una dotación que se ha quedado estabilizada en los últimos años. Necesitamos, mientras se replantea la estructura de la financiación del sistema universitario, al menos coger el camino correcto hacía aquellos niveles de financiación. Ya entendemos que esto no se puede conseguir de hoy para mañana, porque también desde las universidades tenemos que fer costat al Consell porque comprendemos la situación muy difícil de la financiación de la Comunitat.
La moratoria que impide implantar los grados de tres años, el llamado 3+2, acaba en 2017. ¿Habría que ampliarla?
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) no apoyó el último decreto del ministro Wert que abre la puerta a los grados de 180 créditos porque estábamos todavía evaluando el Proceso de Bolonia que cambio de las licenciaturas de cinco años a las carreras de cuatro años (240 créditos). De hecho esa evaluación aún no ha terminado y sus primeros resultados preliminares sugieren buenos datos de rendimiento académico, e incluso ha sido muy positivo para las diplomaturas de tres años que se ampliaron a grados como Enfermería, Fisioterapia o Magisterio. El argumento de la similitud con otros sistemas europeos con grados de 180 créditos, tampoco es algo absoluto. El jueves antes de las elecciones en la última asamblea de la CRUE, decidimos que ante el actual escenario político lo mejor era establecer un aplazamiento antes de emitir un informe sobre los nuevos grados de tres años que han pedido cinco o seis universidades públicas y privadas, pues no sabemos si van a ser derogadas la Lomce o el decreto del 3+2, que han generado una muy amplía contestación al no haber, como pedimos los rectores, un pacto por la educación.
¿Y qué ocurre en la C. Valenciana respecto al 3+2?
Tanto la anterior conselleria como la actual han querido mantener la coherencia del sistema universitario valenciano, y han apostado porque las universidades públicas y privadas vayamos juntas de forma que no se rompa la cohesión ofreciendo los mismos títulos con duraciones distintas, algo que confundiría a los estudiantes, sus familias y también a los empleadores. Afortunadamente hasta ahora las universidades hemos sido capaces de conservar esa coherencia.
La Universidad Complutense de Madrid, la más grande de España, quiere fusionar facultades y departamentos para ahorrar. ¿Seguirán dicha senda?
En la UV nosotros ya iniciamos a finales de los años 90 del pasado siglo un proceso de fusión de centros que dio lugar por ejemplo a una magnífica Facultat de Economía y también a la de Ciencias Sociales. En otros casos se incorporaron varias titulaciones en una misma facultad porque entendíamos que era más racional, como es el caso de Medicina y Odontología. No se creó una facultad de Odontología, como si la hay en la Complutense. Más recientemente emprendimos un proceso consensuado para procurar hacer más eficientes los recursos del Personal de Administración y Servicios (PAS), creando unidades de gestión compartidas por varios departamentos. También fusionamos aquellos departamentos por debajo del tamaño mínimo conveniente para su funcionamiento, algo que está recogido en nuestros estatutos. Esto último ha dado lugar a la desaparición de unos 10 o 12 departamentos que se han integrado en estructuras mayores. El criterio prioritario de estos procesos, sin abandonar la visión de la eficiencia, es que tiene que haber también una lógica académica y se deben hacer por consenso.
¿Le parece oportuna la ordenación que ha hecho el Consell de las prácticas de los estudiantes de ciencias de la salud, que expulsa a la universidad privadas de los hospitales públicos?
No se puede dar una respuesta sencilla, como un sí o un no, porque el tema es complejo y tiene matices. Las universidades públicas, como ya hemos dicho en el Consejo Valenciano de Universidades, manifestamos nuestra voluntad de coordinación y de apoyo con las consellerias de Educación y Sanidad. Las universidades privadas, tirando de la alta demanda estudiantil, han crecido mucho en este sector haciendo una utilización del sistema sanitario público para las prácticas de sus estudiantes. Y lo han hecho sin un marco jurídico de regulación de la colaboración público-privada en un tema tan sensible como son las prácticas de estudiantes de universidades privadas, con un sistema de acceso a estos estudios tan diferente al de la pública. Todo esto tiene que tener un marco de referencia, una regulación y un ordenamiento.
¿Y está justificada legalmente la nueva regulación?
La Ley de Salud de la C. Valenciana (2014), que establece un marco para la docencia, ya fijaba una priorización del sistema universitario público a la hora de la docencia de Ciencias de la Salud. El primer intento desde el ministerio para empezar a regular es la disposición final tercera del Real Decreto 420/2015, es decir muy reciente, que establece que un hospital universitario no podrá atender la misma titulación de más de una universidad al mismo tiempo. Esto rompe el esquema en el que estábamos funcionando en la Comunitat en el que se había dado un cierto grado de desorden, en el sentido más puro de la palabra desorden.
¿Qué soluciones propone?
Está por resolver cómo se puede hacer compatible que el personal estatutario del sistema sanitario público (los médicos) pueda tener una docencia reglada dentro su jornada laboral para universitarios de la privada. Yo creo, por supuesto, en la mejor utilización del conjunto del sistema sanitario, donde existe una red privada que cuenta con buenos profesionales y que incluye concesiones públicas. Dicha red se tiene que usar para las prácticas con el fin de lograr un aprovechamiento mejor y más integral del conjunto del sistema.
¿Qué opina sobre la nueva política de becas del Consell que excluye a los alumnos de las universidades privadas?
Los rectores de las universidades públicas hacemos una valoración positiva, respetamos y apoyamos la decisión tomada por el Consell. Obviamente, en el entendimiento de que estamos hablando de un marco jurídico correcto. Por tanto, respeto y apoyo a esa decisión, y reiterar la reivindicación y la demanda de más dinero para becas y que estas no se limiten a las tasas, sino que comprendan también becas salario, de viajes, de apoyo al estudiante... Porque sí, efectivamente, ha habido exclusión del sistema universitario pues hay alumnos que ni siquiera con becas se pueden permitir estudiar cuatro años en la universidad.
