La decisión de Verds-Equo del País Valencià de expulsar a ocho afiliados que en su día constituyeron una plataforma crítica para denunciar supuestas irregularidades en el proceso de elección de cargos en la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha traído cola. La dirección nacional del partido ecologista ha decidido finalmente tomar cartas en el asunto y, según ha sabido este diario, se dispone abrir un expediente para investigar si el partido en la Comunitat Valencia actuó correctamente cuando decidió expulsar a los críticos.

La Comisión de Respeto y Transparencia de Equo Federal, el órgano encargado de la mediación y resolución de conflictos, ha notificado a los afectados su intención de «investigar, intervenir, e incoar expediente sancionador si fuera preciso» ante la gravedad de los hechos denunciados por la plataforma crítica. El órgano ha dado traslado del caso a la Mesa Federal de Equo y está a la espera de que esta la autorice mediante votación para iniciar la investigación interna.

Tal como desveló el pasado mes de junio Levante-EMV, la llegada de los verdes al poder ha abierto un cisma interno con repercusiones tanto a nivel orgánico como en la gestión de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, territorio que, según el pacto del Botànic, quedó en manos de la pata verde de Compromís. Las discrepancias internas en torno a la contratación de cargos y asesores, así como las diferencias de criterio respecto al secretario autonómico de Medio Ambiente y portavoz de Verds-Equo, Julià Alvaro, se han saldado con la salida de varios cargos de la conselleria y con la expulsión de ocho afiliados, en su mayoría, históricos del movimiento ecologista.

El origen de la expulsión esta en la queja de estos militantes sobre la vulneración de los estatutos a la hora de seleccionar al personal (altos cargos y asesores) que conformaban la cuota verde.

La organización en la Comunitat Valenciana optó por la expulsión durante dos años y la limitación de cuatro años para ocupar cargos públicos al entender que estaban «generando mal ambiente», según explicó en su momento a este diario, Josep Ruiz, miembro de la ejecutiva y uno de los negociadores del Botànic. El partido mantuvo que afectados no habían respetado los estatutos al insistir en sus críticas.

Comparecencia pública

Los afectados hicieron llegar al órgano de mediación un escrito con sus alegaciones al expediente de expulsión en el que mantienen que el proceso está plagado de irregularidades. Así, sostienen que no se han respetado los estatutos ya que la decisión no se adoptó por mayoría absoluta de la Comisión Ejecutivo, al tiempo que no se les informa de los artículos que supuestamente vulneraron.

Los afectados, que hoy darán una rueda de prensa para explicar lo ocurrido, alegan indefensión porque no se les ha facilitado la documentación requerida y denuncian que la Comisión de Arbitraje que llevo su caso está plagada de irregularidades ya que cuatro de los seis componentes tenían intereses en el proceso.