06 de julio de 2016
06.07.2016
Saqueo en la depuradora de Pinedo

La jueza procesa al cerebro del caso Emarsa y cierra la instrucción para que se pueda celebrar el macro juicio

La magistrada considera que el empresario actuaba en "connivencia con los directivos" de la depuradora para aumentar el precio del tratamiento de lodos

06.07.2016 | 14:46

El Juzgado de Instrucción 15 ha finalizado la investigación complementaria del «Caso Emarsa» que ha tenido que realizar tras la detención del empresario Jorge Ignacio Roca Samper, considerado como el «cerebro» del saqueo de la depuradora de Pinedo. Según acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado ha dictado el auto que pone fin a la instrucción suplementaria de la pieza principal y procesa a Roca Samper por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

El empresario Jorge Ignacio Roca Samper permaneció cuatro años huido de la justicia hasta que fue detenido en Moldavia el 10 de junio de 2015 y fue extraditado a España el pasado 15 de abril. Su puesta a disposición de la justicia provocó que se retrasara el macrojuicio del caso Emarsa que debía haber comenzado el pasado 2 de noviembre y que se suspendió a la espera de que Roca Samper fuera puesto a disposición de la justicia española y se realizara una instrucción complementaria.

El Juzgado de Instrucción 15 considera en el último auto que existen indicios de la participación de Roca Samper «como administrador de las mercantiles constituidas ex profeso para el fin pretendido, diseñando y ejecutando de manera continuada con los demás investigados un plan de con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito a costa de los fondos públicos asignados a Emarsa para la explotación de la depuradora ubicada en Pinedo, mediante la interposición de manera artificiosa de diferentes mercantiles».

Según la jueza, «Emarsa recibió facturas de distintas mercantiles» propiedad de Roca Samper «por la gestión de lodos y desbastes, bien por servicios realmente prestados por otras mercantiles a precio de mercado pero que, mediante la artificiosa interposición en la facturación, fueron cobrados a la empresa pública a precios muy superiores a los existentes en un mercado normal». Según la magistrada, Roca «actuó en connivencia con los directivos de la empresa pública e interpuso sus empresas, que carecían de medios humanos, materiales y financieros para desplegar su actividad económica alguna en la cadena de facturación de lodos entre 2005 y 2010 para aumentar artificiosamente el valor de los trabajos realizados».

Los acusados tienen ahora un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral y formular escritos de acusación, aunque también pueden solicitar el archivo de la causa o la práctica de más diligencias.

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