07 de julio de 2016
07.07.2016
Operación taula

La Guardia Civil cree que el PP de Valencia se financió con mordidas desde 2006

La UCO acusa a los responsables de dos delitos electorales continuados Marcos Benavent confirma que había una «caja B»

07.07.2016 | 10:42
El PP de Valencia en un pleno del ayuntamiento. Foto: Germán Caballero.

El Partido Popular de Valencia se ha financiado de forma irregular con dinero procedente de comisiones desde el año 2006, según defiende la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe aportado a la causa que investiga el presunto blanqueo de capitales (o pitufeo) cometido por los 49 concejales y asesores del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia. Una financiación irregular que coincide en el tiempo «con los amaños de concursos públicos» investigados en la pieza principal del «Caso Taula» (aún secreta) y con las «primeras anotaciones contables realizadas por Maria del Carmen García-Fuster», la cajera del grupo municipal popular, procedentes de donaciones «anónimas».

El informe de la UCO, fechado el 29 de junio de 2016 y aportado a la causa del pitufeo esta semana, también revela que las sospechas de los investigadores sobre la presunta financiación irregular habrían sido confirmadas por el exyonki del dinero, Marcos Benavent, que llegó a ejercer de «recaudador» en el cobro de comisiones o mordidas. Benavent también ha confirmado a los investigadores en sus declaraciones la «existencia de una caja B del Partido Popular en Valencia que se nutría de las comisiones obtenidas por las adjudicaciones ilegales a las empresas adjudicatarias». Una ilegalidad que la UCO detalla en otros dos informes sobre «determinadas adjudicaciones de la Concejalía de Cultura y la organización de la Mostra de Valencia de 2006», que se investigan en la pieza principal aún bajo secreto del sumario.

Una presunta financiación irregular que explicaría la «necesidad» que tendría el grupo municipal popular de realizar el presunto blanqueo de capitales en pequeñas cantidades de dinero (o pitufeo), supuestamente cometido en la campaña electoral municipal de 2015 por los populares de la Ciudad de Valencia. «De esa forma se habrían logrado integrar en el circuito financiero unos fondos de procedencia presuntamente ilícita, encontrándose a partir de ese momento en condiciones de ser legalmente utilizados», señala la UCO. Y añade que «prácticamente la totalidad de los fondos aflorados fueron utilizados para sufragar gastos generados por eventos de la campaña electoral propia del Partido Popular Valencia Ciudad».

Y se financiaron, además, desde cuentas opacas creadas por el grupo municipal popular a las que no tenía acceso el Tribunal de Cuentas, según concluye la Guardia Civil. Los investigadores añaden que el PP de Valencia usó de forma consciente al grupo municipal para «camuflar gastos propios del partido (electorales o no)». Como los 167.678 euros pagados por el grupo municipal del PP a la empresa Trasgos por la campaña electoral de 2011, que no se declararon al Tribunal de Cuentas.

Por eso, a la vista de las declaraciones realizadas y las pruebas recabadas la Guardia Civil considera que los hechos investigados son «constitutivos de infracciones relacionadas con la financiación irregular del Partido Popular» que son constitutivas de sendos delitos electorales» relativos a las elecciones municipales de 2011 y 2015.

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