Dos extrabajadores de Imelsa admitieron ayer ante el juez que cobraban de la empresa pública sin ir a trabajar, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de las declaraciones. El Juzgado de Instrucción 18 continuó ayer con la ronda de declaraciones de los imputados en la pieza separada del «Caso Taula» que investiga a los «zombis» (asalariados de las empresas públicas que no realizaban ninguna función) o extrabajadores que cobraron finiquitos desorbitados al ser despedidos.
Los dos investigados que admitieron los hechos ante el juez son José Estarlich Estela, yerno del exalcalde de Anna, marido de la secretaria de Marcos benavent y testaferro del «exyonki del dinero». Estarlich ratificó en el juzgado las declaraciones que hizo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las que admitió que estuvo a sueldo de Imelsa, gracias a la intermediación de Benavent, a cambio de ejercer de administrador de Berceo Mantenimientos, la empresa matriz de la trama de sociedades y firmas pantalla creadas para facturar servicios no prestados a siete contratistas de la Diputación de Valencia y de Imelsa.
Actuación por miedo
Estarlich justificó ante los investigadores que hizo de hombre de paja para Benavent por «miedo» ya que, al darse de cuenta de la trama para la que estaba colaborando, «pedí explicaciones a Benavent pero no le sentó muy bién. Tuvimos una discusión en la que me amenazó con tirar a mi mujer, a mi hermano y me iba a mandar a un psicólogo rumano». Tras esta discusión, Estarlich asegura que «me aparté un poco, aunque seguí haciendo de recadero, pero desde 2011 no hice ninguna factura».
Otra de las trabajadoras que admitió no realizar ningún trabajo real fue Eva Luisa Sarrión Mira, militante del PP en Xàtiva y que ocupó el puesto número 9 en la lista liderada por Alfonso Rus en la capital de la Costera. Otros investigados sí que intentaron justificar ante el juez las tareas que realizaban, aunque, según fuentes conocedoras de la declaración sus explicaciones no resultaban del todo convincentes.
Es el caso del ciclista y ex seleccionador de la selección nacional de ciclismo, Francisco Antequera, quien explicó que asesoraba «verbalmente» sobre la realización de pruebas deportivas, a cambio de un salario en la empresa pública de la diputación. Otra imputada explicó que se encargaba de «llevar el café o atender la puerta en el grupo socialista», sin más concreciones que justificaran el salario.
Por el contrario, otras de las investigadas, Adriana Hernández Massoti, que ocupó el puesto 22 en la lista de Rita Barberá al Ayuntamiento de Valencia, acreditó con documentación los 20 años que estuvo empleada en Imelsa. También aportó la denuncia ante la Inspección de Trabajo que presentó cuando la dejaron «sin funciones reales» en la empresa pública. Tras prestar declaración, Hernández Massoti solicitará que se archive la investigación respecto a ella, según ha podido saber Levante-EMV.
Por último, Honori Estornell Canet, histórico ex alcalde de Llutxent del PCE y después de Izquierda Unida, aportó en su declaración la nómina que acredita que cobró «75 euros» por el día que estuvo de alta, el 1 de enero de 2008, antes de ser despedido (en la investigación se aseguraba que cobró 37.607,64 euros por esta jornada). Estornell explicó que fue despedido porque resultaba incómodo como sindicalista para los responsables de la empresa pública. «Ya me olía que aquello olía mal y no me callaba nada. Cuando entraba en las reuniones giraban los papeles para que no viera ninguna documentación», explicó a los periodistas tras su declaración ante el juez.
