La macrooperación de la Agencia Tributaria (AEAT) contra el fraude fiscal en discotecas y pubs de toda España que empezó el pasado jueves, también ha conllevado que los agentes recabaran los contratos de los empleados de los distintos locales de ocio nocturno valencianos implicados en la operación para una posterior inspección de seguridad social, según han señalado fuentes de la investigación.

Una de las empresas investigadas confirmó ayer a este periódico que tras un primer registro el jueves en sus oficinas centrales que duró alrededor de diez horas, los agentes de la AEAT acudieron el viernes por la mañana a dos locales de esta mercantil „Akuarela y Umbracle„ para llevarse los contratos de trabajo de todos los empleados e inspeccionar su legalidad.

«Todo fue cordial, entregamos toda la información que nos pidieron, ellos tienen copia de todos los discos duros porque no hay nada que ocultar», defendieron ayer fuentes del Grupo Salamandra. Preguntados por si ven peligrar la concesión de la Generalitat que habilita a esta empresa a explotar el Umbracle, donde se sitúa una de las discotecas registradas, dentro del espacio público de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, las fuentes aseguraron que «no, porque somos uno de los ingresos más importantes que tienen, pagamos religiosamente cada mes y lo seguiremos haciendo», explicó la entidad.

Tal como recogía ayer este periódico, de las 110 sociedades y 87 locales registradas por la AEAT en toda España por presunto fraude fiscal, en la Comunitat Valenciana se produjeron una veintena de registros en distintas discotecas y pubs. Al menos cinco conocidas discotecas del «cap i casal», dos más de Gandia y una de Riba-roja de Túria (la antigua Baobab) figuran entre los negocios investigados después de que los inspectores de Hacienda detectaran un supuesto desfase entre los aprovisionamientos, el aumento del coste de personal, la variación de existencias y el margen de beneficios declarados por dichas sociedades entre los años 2011 y 2015.

Según informó Levante-EMV, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número ocho de Valencia autorizó los registros, llevados a cabo entre el pasado jueves y el viernes, en las oficinas de la sociedad que gestiona las Ánimas del Puerto, situadas en la calle Pizarro, y en la sede social del Grupo Salamandra, que gestiona nueve salas de fiestas de Valencia, entre ellas la Sala Mya y la terraza del Umbracle, ambas registradas el viernes por la mañana por inspectores de la AEAT, quienes se llevaron libros de contabilidad, ficheros, facturas, justificantes de pagos y gran cantidad de material informático.

«Generalizar no es bueno»

«El jueves a las nueve en punto se presentaron en el despacho, buscaban discos ocultos, dinero, ese parecía ser el principal objetivo de los agentes pero nosotros no tenemos ninguna doble financiación oculta», señalaron desde el Grupo Salamandra. «Creen que nosotros cobramos dos consumiciones y apuntamos una y eso no es así», indicaron.

Por su parte, fuentes de Confederación de Empresas Turísticas de la Comunitat Valenciana subrayaron que «se debe luchar contra el fraude pero que haya una o varias discotecas que no han declarado a Hacienda lo que correspondía no quiere decir que todo el sector esté implicado, las generalizaciones nunca son buenas». Las fuentes de la investigación señalaron que la documentación intervenida tanto de las cuentas como de los trabajadores será examinada a fondo por los inspectores para detectar posibles fraudes.