Más de 60.000 familias se vieron afectadas por los impagos de ayudas a la vivienda durante la gestión de Isabel Bonig como consellera de Vivienda y el Parlamento Europeo está tomando cartas en el asunto. De hecho, la Comisión de Peticiones le ha remitido una carta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la que solicitan «información adicional» sobre unos impagos que pueden rondar, según la plataforma de afectados, 338 millones. Tras recibir la información sobre los impagos y la restricción de la subsidiación de préstamos en la C. Valenciana, la Eurocámara dictará un nuevo informe.
Ahora bien, aunque lo primero que realizó la consellera de Vivienda Maria José Salvador cuando asumió el cargo fue realizar un calendario de pagos, ayer aseguró que «aunque el problema se repara pagando» quien haya «cometido las tropelías tendrá que asumir responsabilidades».
Cuando la Associació Impagats Habitatge Comunitat Valenciana acudió a Bruselas en el mes de abril, al deuda estimada de los impagos era de unos 278 millones, de los que 241 respondías a ayudas contabilizadas y no cobradas y 37,4 millones a las conocidas como resoluciones 501, en las que se admitía que los beneficiarios cumplían los requisitos pero que solo cobrarían cuando existiera «crédito presupuestario», es decir, «nunca» ya que se eludía la concesión definitiva de la ayuda en cuestión. Tres meses después esa deuda asciende hasta los 338 millones al conocerse que, durante la gestión de Bonig, también dejaron de tramitarse unas 1.100 solicitudes de ayuda a la Vivienda, lo que supone 60 millones más de deuda. Pero ahí no acaba la cosa. La actual consellera, Maria José Salvador, también denunció que su predecesora recibió del Ministerio de Fomento 16,5 millones de euros que no destinó al fin para el que fueron otorgadas ya que ese dinero jamás llegó a los beneficiarios. Y dejaba la puerta abierta a «más sorpresas» guardas en los cajones.
Paso por paso
Los afectados denunciaron en la Eurocámara que la Comunitat «gestionó supuestamente de manera irregular» las ayudas des 2008 a 2015. En el informe de la Sindicatura de Comptes se señala que dio subvenciones «por encima» de lo presupuestado y realizó «escasos pagos que terminaron por beneficiar a entidades financieras y a las constructoras», al alterar el orden de prelación, según afirmaron ayer desde la plataforma. De hecho, en 2011 la «alteración» de las resoluciones de concesión de las ayudas (de tipo 501) provocó que 6.000 familias se quedaran sin acceder a las mismas.
La denuncia continúa asegurando que a finales de 2012 la conselleria «desvió» el dinero de las ayudas a la vivienda para pagar compromisos judiciales con el ERE del Instituto Valenciano de la Vivienda SA y añade que «no dedicó» los fondos finalistas que recibió del Gobierno al pago de las ayudas a la rehabilitación y que dejó sin resolver numerosas peticiones o «las denegó de manera arbitraria». Por último, recuerdan que las Corts investigarán también la gestión de Bonig.
