El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, responsable de investigar la llamada Operación Taula por un presunto delito de blanqueo de capitales presuntamente cometido por concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia, decidió ayer ampliar la investigación también a un presunto delito electoral, castigado con entre uno y cuatro años de cárcel y 24 meses de multa, según el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justica de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En el documento, el juez acuerda citar a declarar en calidad de investigadas (antes imputadas) a la exsecretaria del grupo municipal del PP Carmen García Fuster y a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello.
Además, requiere al Partido Popular para que identifique a la persona que ejerció estas funciones en 2011 y a los integrantes de la Junta Directiva del PP en Valencia en las campañas electorales municipales de 2011 y 2015, y que el delito electoral no se puede imputar a una persona jurídica, según informó el TSJ.
El magistrado considera que existen indicios de que el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, en «ejecución de un plan preconcebido», cargó gastos electorales en las campañas de 2011 y 2015 a una cuenta bancaria, gestionada básicamente por García Fuster, «carente de toda fiscalización y reflejo en la contabilidad del PP».
De las diligencias practicadas hasta el momento, el juez afirma que existe una «aparente infracción tanto de la normativa aplicable en materia de financiación de partidos políticos como de régimen local».
El instructor entiende que «resulta razonable que la investigación y la imputación se proyecte, de inicio, tanto sobre los administradores electorales como sobre aquellas personas que respecto de la cuenta bancaria y sus fondos tenían capacidad de decisión o disposición».
Estos últimos, que habrían participado en la comisión del delito «con actos conscientes de colaboración», tendrían la consideración de cooperadores necesarios.
Delito continuado
En su resolución, el juez concluye que el delito electoral se habría cometido de manera continuada y en conexión con el de blanqueo; por eso acuerda investigarlos conjuntamente, ampliando el objeto de esta pieza separada en la que hay 47 personas imputadas más el propio PP, imputado como persona jurídica.
La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, ampliada ahora al delito electoral, es una pieza separada del caso Imelsa, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.
En esta pieza separada se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores en vísperas de las elecciones municipales de 2015.
Esa cantidad presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para «aflorar» un dinero en metálico, «en cuantía próxima a los 50.000 euros que podría tener su origen en el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos», reza el auto.
