La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado investigan si los comentarios en diferentes redes sociales celebrando la muerte del torero Víctor Barrio pueden constituir delito. En concreto, las unidades contra el cibercrimen y contra la discriminación y los delitos de odio de la Fiscalía, junto a la de Investigación Tecnológica de la Policía, están recopilando información para realizar un análisis posterior con el que decidirán si los comentarios que, en algunos casos han vertido insultos contra la memoria del torero y su familia, pueden tener «encaje penal».

Por su parte, la Fundación del Toro de Lidia, que anunció el lunes que iba a emprender acciones legales, ya cuenta con un dossier de 77 páginas con comentarios compartidos en redes sociales, y ha denunciado a una decena de personas. Además, también tienen el apoyo de la familia del fallecido, ya que la viuda ha delegado la apertura del proceso judicial al equipo jurídico de la fundación.

Los numerosos comentarios en redes sociales -entre ellos los de un supuesto profesor valenciano, que la Conselleria de Educación ha negado que ejerza- han provocado numerosas reacciones. El presidente Mariano Rajoy calificó ayer de «miserables» las palabras de algunos usuarios y el ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que quienes las han realizado «no tienen corazón» y se merecen el rechazo y la crítica social.

Partidos animalistas que están en contra de la celebración de corridas de toros, como Pacma, y la Asociación Defensa Derechos Animal aseguraron que «no comparten» estas opiniones, y las calificaron de «espeluznantes» y «desagradables».

El torero Julián López, El Juli, instó a las autoridades a «hacer algo» y se lamentó del comentario del supuesto profesor valenciano: «Me dan pena las familias que tengan a sus hijos en tus manos», expresó. La Fundación del Toro de Lidia se plantea pedir al gobierno una reforma legal para salvaguardar «la dignidad y el honor de los profesionales taurinos».

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, advirtieron ayer de que los mensajes ofensivos en las redes sociales no quedan impunes. Por su parte, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, se mostró muy cauta y aseguró que aún es «prematuro» saber si estos mensajes constituyen delitos de amenazas ya que esto podría colisionar con la libertad de expresión.

La Asociación de Internautas rechazó «la persecución» de los comentarios en Internet, pero instó a hacer un uso «absolutamente responsable» de las redes sociales, utilizando el «sentido común».