14 de julio de 2016
14.07.2016
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Un año después de la diputación de Rus

La corporación, presidida por Jorge Rodríguez (PSPV), ha cambiado el sistema de reparto de ayudas pero no ha transformado sus atribuciones

14.07.2016 | 01:41
Un año después de la diputación de Rus

Hoy se cumplen 365 días desde que Jorge Rodríguez tomó posesión de la vara de mando de la Diputación de Valencia. Un año marcado por la necesidad de limpiar la institución, cuyo nombre ha sido prácticamente sinónimo de corrupción. El cuatripartito ha tratado de otorgar mayor autonomía a los municipios en las subvenciones, aunque no ha conseguido desembarazarse de las competencias que quería.

Lealtad institucional y apoyo económico para colaborar con el plan de «rescate de personas» del Consell liderado por Ximo Puig. Esos fueron los ejes del discurso con el que el socialista Jorge Rodríguez llegó a la Diputación de Valencia la mañana del 14 de julio de 2015, hace ahora un año. Tras hacerse con la vara de mando, el también alcalde de Ontinyent anunció un plan de inversión municipal, una encuesta para pulsar las prioridades de los alcaldes de la provincia, políticas de empleo, políticas sociales para cubrir «necesidades básicas», más autonomía local, más transparencia y participación y una mejora en la gestión de los recursos. ¿Qué se ha hecho con todo esto un año después?

Uno de los puntos prioritarios de «la nueva diputación», como la llaman los miembros que conforman su gobierno (PSPV, Compromís, EUPV y València En Comú) ha sido el de «dignificar» las ayudas que se concedían a los consistorios. No en vano, la sombra de la corrupción es alargada en el Palau de Batlia de la plaza de Manises, cuyo asiento presidencial ocupó durante años Alfonso Rus, ahora bajo investigación judicial por supuestas mordidas.

Para desmarcarse de la anterior etapa, se han llevado a cabo auditorías en empresas públicas de la corporación como Divalterra (antes Imelsa), Egevasa o Girsa, así como en el Consorcio de Bomberos. En el marco de esta «limpieza» se ha cambiado hasta el nombre de Imelsa, foco del presunto saqueo a la diputación de los últimos años.

Medidas sociales
Según indican desde la diputación, se han acometido cambios de gestión sustanciales que favorecen dos de los objetivos marcados: el de fomentar la autonomía local y el de neutralizar la corrupción. Las ayudas del Pla Provincial d'Obres i Servicis (PPOS) se otorgan ahora en base a las necesidades que deciden los consistorios, «no como antes, que eran subvenciones teledirigidas y encorsetadas», mediante las cuales se instalaron decenas de miles de bombillas led y kilómetros de césped artificial por toda la geografía valenciana.

Por otra parte, se ha cumplido con el plan de inversiones anunciado hace doce meses. Las localidades cuentan con 72 millones de euros provenientes del superávit del ejercicio anterior destinados a renovar, reparar o mejorar sus infraestructuras.

El anunciado apoyo para rescatar personas se ha plasmado en ayudas para comprar libros de texto complementarias a las que otorga la Conselleria d'Educació, así como en los 1,2 millones de euros del área de Igualdad para luchar contra la violencia machista. También se ha organizado el primer Feminario, un congreso para tratar temas de paridad.

Quedan pendientes, sin embargo, asuntos como el futuro del centro psiquiátrico de Bétera (del que se ha quitado la tasa que pagaban los enfermos), un aumento de recursos para los municipios de menos de 5.000 habitantes, el desarrollo de un plan local de igualdad contra la violencia machista y una mayor transferencia de competencias a otras administraciones, ya que, cabe recordar, otro de los objetivos de este equipo de gobierno formado por detractores de la fórmula de diputaciones provinciales es el de ir poco a poco transformándolas hasta clausurarlas.

«Hay que transferir recursos»
Este es uno de los temas más peliagudos que acompañan a la corporación provincial: su futuro. Desde Ciudadanos critican que en un año, «en lugar de quitarse competencias, ha ido asumiendo más», lamenta el portavoz del grupo José Enrique Aguar. Cabe recordar que se han transferido algunas competencias en Deporte y Turismo.

«Hay que transformar las diputaciones y cerrarlas. Tenemos atribuciones que no se entienden, como las del MuVim, la Beneficiencia, el teatro Talia, el Consorcio del Hospital General o el psiquiátrico de Bétera», explica el portavoz. En este sentido, añade que el desvío de competencias (tanto hacia la Generalitat como a los municipios) debería ir acompañado de un reparto de los recursos. «Se trata de un proceso de transformación que todavía no han puesto en marcha», apunta.

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