Primer choque judicial por el decreto turístico y victoria para la Generalitat. En una resolución judicial que se esperaba en el Consell y en la Diputación de Alicante como un termómetro de las posibilidades, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) avala por ahora la iniciativa autonómica y rechaza la petición de la corporación provincial de suspender de forma cautelar el decreto de coordinación. Una norma que tiene un impacto directo sobre la gestión de la política turística en tanto que concede a la administración autonómica la potestad, incluso, de controlar los presupuestos provinciales.
La resolución del alto tribunal considera que el decreto no origina ningún daño irreparable y, además, condena a la diputación alicantina al pago de las costas. El fallo abre la puerta de par en par a la Generalitat „como confirmó Antoni Such, director general de Administración Local„ para desarrollar por completo el mencionado decreto, que se basa en una ley de 1983, de la época de Lerma.
La resolución facilita que la norma continúe en vigor mientras el tribunal entra ahora a valorar el fondo de la cuestión. La sala estima la alegación del Consell y manifiesta que «ninguno de los motivos expuestos por la diputación presentan la nitidez y certeza „ésta ha de ser absoluta, sin mayor atisbo de duda„ exigida, de forma constante, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como para acceder a la medida preventiva de que se trata».
La Generalitat sacó del baúl de los recuerdos esta legislación que data de 1983 y que nunca se había llegado a desplegar. La decisión del ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra levantó ampollas en la Diputación de Alicante, el principal reducto que le queda al PP junto a la de Castelló.
La resolución judicial fue recibida ayer en la Generalitat con indisimulada satisfacción. «El decreto de coordinación en materia turística seguirá en vigor y se podrá desarrollar con todo su potencial», afirmó Such.
