Hubo un tiempo en que al nuevo conseller de Educación se le aclamaba desde las entidades valencianistas con dos largas ovaciones en su toma de posesión. Hubo otro tiempo, inmediatamente posterior, en el que la cúpula de Escola Valenciana desembarcaba en el equipo de Vicent Marzà: Jaume Fullana, Vicent Martínez, Francesc Felipe y Amanda Gascó entraban en puestos tan clave de la conselleria como director general de Política Educativa, jefe de gabinete, técnico de confianza y directora de comunicación. Una comunión total.
Pero ayer, un año después de aquellos tiempos, tanto Escola Valenciana como otras seis entidades comprometidas con la enseñanza del valenciano „Acció Cultural, Stepv, Intersindical, la Plataforma de Professorat de Valencià del Baix Segura, la Associació Cívica per la Llengua El Tempir y Enllaçats per la Llengua„ se reunieron con el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, y luego calificaron de «decepcionante» la cita por la falta de «compromisos concretos» y por no dar una «respuesta satisfactoria» a sus reivindicaciones. «Esto supondrá que el nuevo curso 2016-17 comenzará con los mismos problemas endémicos que sufre nuestra lengua en las comarcas castellanohablantes y el profesorado que imparte valenciano», afirmaron las entidades en un comunicado conjunto. Suena a punto de inflexión y a final del idilio o carta blanca tras la salida del PP y la llegada de un miembro del Bloc al máximo cargo de la Conselleria de Educación. De hecho, la petición de reunión era con Marzà. Pero el conseller, subrayan los colectivos, delegó el encuentro en Trenzano.
Exenciones en el punto de mira
Respecto a uno de los temas que hay sobre la mesa como es el posible fin de la exención a la enseñanza del valenciano en las zonas de predominio castellanohablante, las siete entidades manifestaron su disgusto por que la conselleria no asuma medidas decididas en este terreno. Las exenciones actualmente en vigor, subraya el comunicado de estos siete colectivos, «suponen una discriminación lingüística para una parte considerable del alumnado que ve cómo se le castiga a no tener la capacitación en una de las dos lenguas oficiales del país»
Las entidades trasladaron a Rubén Trenzano «la necesidad de una actuación con valentía en política lingüística que se habría de concretar en asuntos como garantizar los derechos lingüísticos, a ser competente en las dos lenguas oficiales; la respuesta a las reivindicaciones de la Plataforma de Professorat de Valencià del Baix Segura; el respeto por los derechos de los profesores de valenciano en las comarcas castellanohablantes; la creación de las asesorías de valenciano; la promulgación de una ley de igualdad lingüística, la redacción de un manual de usos lingüísticos por las Administraciones públicas o el establecimiento de un sistema comunicativo compartido en nuestra lengua».
