La directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella, cometió una falta muy grave al ser apoderada de una empresa mientras ha sido alto cargo de la Generalitat; una falta grave por ocultar sus poderes legales sobre una gasolinera familiar y una tercera leve al no acreditar de manera suficiente ante la Administración las dos carreras y el master que asegura tener. Estas son las conclusiones del informe de la Conselleria de Transparencia sobre la situación de la número tres del conseller de Economía, Rafa Climent, y que acredita y confirma una por una las informaciones de Levante-EMV en el último mes. El departamento que dirige Manuel Alcaraz considera que Cucarella debe asumir «responsabilidades políticas» y Climent, quien la nombró, destituirla de su cargo.

Transparencia hizo público ayer el informe que debía estudiar las posibles incompatibilidades de la directora general de Internacionalización. Una horas antes, la propia Cucarella había asegurado a la Agencia EFE que no existe «ninguna causa» para hacerlo. El documento, firmado por la directora general de Transparencia y Participación, Aitana Mas „de Compromís como Cucarella„ desmonta esta afirmación y las tesis que ha venido defendiendo.

Así, concluye que Cucarella «omitió» en su declaración de actividades que «tenía la condición de apoderada» de la gasolinera de Alzira que lleva una década sin ser descontaminada y cuya limpieza tendrá que asumir la propia Generalitat. Además, añade, «sí que existe en principio una incompatibilidad en la condición de apoderada» que el alto cargo mantuvo hasta el pasado 24 de junio y sólo tras revelarlo en exclusiva este periódico. Transparencia asegura que habría que determinar en otra instancia las actuaciones de la gasolinera en la etapa que Cucarella ha sido alto cargo.

Transparencia recuerda que la ley 3/2015 indica que «la omisión deliberada de datos y documentos que deben ser presentados se considera una infracción grave, mientras que el incumplimiento de las normas de incompatibilidades es una infracción muy grave». Estas últimas «conllevan la destitución de los altos cargos que ocupen». El encargado de incoar un expediente sancionador e imponer sanciones es la Conselleria de Administración Pública.

Respecto al otro aspecto en cuestión „la normativa de incompatibilidades al ser propietaria del 12% de la empresa„, el informe entiende que «no existe incompatibilidad aunque tenga más del 10% de la sociedad», ya que a pesar de superar dicho umbral, solo puede ser sancionada «en empresas que tengan conciertos o contratos con el sector público».

Por lo que se refiere a su titulación, en Transparencia consideran que no haber acreditado el título, Cucarella sólo publicó las tasas, podría suponer una infracción leve. Cabe recordar que la alto cargo dijo tener dos carreras y un master que no ha justificado.

Pero Transparencia va más allá y recuerda a Cucarella que «sus actuaciones se someten no sólo a la responsabilidad legal sino también a la responsabilidad política». Y como dice el informe, «podría haber incumplido las exigencias del principio de veracidad». Es decir, mentir y ocultar información a la Administración pública.