El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en el llamado caso Imelsa, ha acordado prorrogar un mes más, hasta el 14 de agosto, el secreto del sumario y ha abierto tres nuevas piezas separadas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, una de las nuevas piezas separadas es la relativa a la adjudicación por parte de Imelsa del servicio de atención telefónica a la empresa Servimun. En esta causa hay un total de 12 investigados (antes imputados), entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent; y su suegro, beneficiario de dicha adjudicación. La pieza permanece abierta por malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude, cohecho y falsedad, tal como han detallado las mismas fuentes.

Sobre lo que sí ha levantado el juez el secreto de sumario es sobre las adjudicaciones de Imelsa a la empresa Servimun. En la causa ha citado como investigados a Alfonso Rus de nuevo y a otras siete personas. Todas ellas declararán los días 12 y 16 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia

Otra de las piezas separadas investiga las adjudicaciones de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia por La Mostra y por la restauración de varios edificios.

La causa principal, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

Además, en una de las piezas separadas abiertas con anterioridad se investiga el supuesto delito electoral y de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

En total, hay 115 investigados por varios delitos contra la administración pública, en relación con una supuesta trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.