16 de julio de 2016
16.07.2016

Imputan a Rus por amañar el contrato del «call center»

El juez acusa al expresidente de la Diputación de Valencia de favorecer al exsuegro de Marcos Benavent a cambio de cobrar comisiones

16.07.2016 | 04:15

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que se ocupa de un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en el llamado caso Imelsa, ha investigado (antes imputado) al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y a otras 11 personas por amañar el contrato del servicio de atención telefónica.

Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), el juez ha abierto tres nuevas piezas separadas y ha acordado prorrogar el secreto de sumario sobre dos de ellas y sobre la pieza principal en tanto que aún no se ha concluido el volcado del material informático intervenido por la Guardia Civil en los distintos registros.

En concreto, el magistrado ha resuelto desgajar de la parte central de las diligencias los hechos relacionados con el servicio de atención multicanal a los contribuyentes, el denominado «call center» que la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación, adjudicó a Servimun, controlada por un familiar del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, el «yonqui del dinero».

De lo investigado hasta ahora, el instructor concluye que hay indicios de que tal adjudicación «pudo ser decidida» por el entonces presidente de la diputación, Alfonso Rus, con la intención de favorecer al responsable de dicha empresa. En ese proceso, señala el auto, actuó como «intermediario connivente» el suegro del entonces gerente de Imelsa, Marcos Benavent.

En esa nueva pieza están investigados el propio Rus, Benavent y otras diez personas, entre las que figuran el diputado provincial delegado de Empresas Públicas, el director del área jurídica de Imelsa, el jefe de sección de la oficina de gestión tributaria, el jefe de unidad de procesos masivos tributarios, el jefe de sección de evaluación y planificación, el director financiero de Imelsa y el jefe de servicio de gestión tributaria. El titular de Instrucción 18 les imputa delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental.

A ocho de ellos se les tomará declaración los días 12 y 16 de septiembre y Rus comparecerá ante el juez este último día, informa el TSJCV. La recoge el auto, apunta a que el expresidente de la diputación habría contado con la «colaboración» del que fuera jefe de Evaluación y Planificación de la corporación provincial para manipular el proceso de adjudicación «vulnerando el principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública».

En esta pieza separada se investigan también facturas pagadas por Imelsa derivadas de contratos accesorios suscritos con varias empresas.
En la resolución notificada ayer por el juez hace extensivo el secreto de la causa hasta el 14 de agosto sobre la pieza principal para «no comprometer el resultado de la investigación que se está llevando a cabo mediante el análisis de la información recogida tanto en la documentación escrita como en los dispositivos informáticos intervenidos».

El magistrado explica que la información acumulada es muy «voluminosa», que afecta a «multiplicidad de hechos» en un «prolongado periodo de tiempo» y a un «gran número de personas», circunstancias que condicionan el ritmo en el análisis documental.
En la misma resolución, el titular de Instrucción 18 avanza la posibilidad de que próximamente forme dos nuevas piezas separadas para investigar contrataciones de personal tanto en Imelsa como en Ciegsa, empresa pública dependiente de la Conselleria de Educación.

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