Empezaron como Don Quijote. O, mejor dicho, como Tirant lo Blanch: luchando por un ideal, en solitario, y contra un adversario a priori mucho más fuerte.
El ideal era defender la competencia de la Comunitat Valenciana para desarrollar derecho civil propio „como lo hacen otras seis autonomías españolas„ en base a los Furs que regularon las relaciones jurídicas del pueblo valenciano entre 1238 y 1707: la época de la independencia política y jurídica del Regne de València. Y no es algo simbólico, romántico o mera pasión historiadora con reminiscencias nacionalistas: es poder regular cuestiones comunes y que afectan tanto a las personas como la separación de bienes por defecto cuando dos personas se casan, la custodia compartida de los hijos como principio genérico, o una ley de uniones de hecho como alternativa al matrimonio.
El adversario era el Estado, que ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra tres de las cuatro normas que las Corts Valencianes han aprobado en el ejercicio de esta competencia exclusiva que recoge el Estatut d'Autonomia de 2006: la ley de separación de bienes en el matrimonio, la de custodia compartida y la de uniones de hecho. Todas están en la picota del Tribunal Constitucional. Primero las recurrió el Gobierno de Zapatero. Luego el de Rajoy. Y el Constitucional las ha ido esquilmando de artículos y quitando parte de su esencia.
Ahora, tras nueve meses de intenso trabajo, la Associació de Juristes Valencians „el Tirant lo Blanch de esta historia„ ha conseguido que casi cien ayuntamientos valencianos hayan aprobado una moción que reivindica la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de derecho civil foral valenciano. «En total representan a más de la mitad de los valencianos, unos tres millones de habitantes», detalla José Ramón Chirivella, el presidente de la entidad.
Destaca el hecho de que, en la mayoría de casos, se ha conseguido por unanimidad de los grupos. A través de partidos políticos y colectivos independientes han canalizado las mociones. Y con una gran transversalidad territorial: desde Morella a Mutxamel, de Villargordo del Cabriel a Xàbia. Ha habido casos, pocos, en los que la moción ha naufragado. A veces, por las formas. Un caso simbólico es Picanya, primer pueblo valenciano que solicitó la autonomía y donde el PSOE no apoyó la moción presentada por Xavier Rius.
«Imprescindible un paso adelante»
Lo que verdaderamente impresiona es la ola municipalista que han conseguido formar en favor de una competencia que los valencianos mantenían desde el siglo XIII, que fue anulada tras la desfeta de Almansa de 1707 y que la Constitución de 1978 no restituyó por el simple hecho de que los valencianos no tenían una compilación hecha de su antiguo derecho foral. Burocracia. Sí que le fue concedida la potestad de legislar en materia civil a Aragón, Cataluña, Baleares, País Vasco, Navarra y Baleares. Pero no a la Comunitat Valenciana. Con un matiz: el Estatut d'Autonomia valenciano de 2006, refrendado por el Congreso de los Diputados, sí recoge esa competencia. Un choque de trenes que el Tribunal Constitucional está tumbando.
A juicio de la Associació de Juristes Valencians „formada por juristas, abogados o notarios„ ante «la privación de la potestad normativa de los valencianos, acentuada en su injusticia y sinrazón por la circunstancia de haberla en cambio conservado otros pueblos de España con la anuencia del Estado, es imprescindible dar un paso adelante para hacer llegar una llamada en pro de la dignidad y unidad de los valencianos».
Si no legislas tú, legislan por ti
Antes de que se abra ese melón, han querido conformar un grupo de presión cívico. Y su base ha sido el municipalismo. «Como parte de la sociedad civil, pensamos que la mejor forma de hacer presión es empezar desde abajo para que esta cuestión, a veces desconocida, llegue a muchas capas sociales», explica José Ramón Chirivella.
Él recalca un aspecto clave: «Más allá de la injusticia que supone desde el punto de vista del derecho histórico, nos interesa el derecho civil moderno. Valoramos tener la competencia para poder impulsar leyes modernas que den respuesta a los problemas actuales de los valencianos». Su filosofía es sencilla: «Mejor legislarnos nosotros mismos antes de que otros nos redacten las leyes. Es una cuestión de dignidad, de querernos y desear superar la herida de Almansa con la posibilidad de desarrollar derecho civil moderno».
