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Informe

El "libro blanco" pide protección para los funcionarios que delaten a corruptos

El informe de los «sabios» sobre la Función Pública plantea que los empleados que colaboren reciban clemencia si están implicados

Un coche oficial, aparcado junto a la fachada del complejo funcionarial del Nou d´Octubre, archivo. josé aleixandre

El informe sobre la Función Pública valenciana que ha elaborado la comisión de expertos a requerimiento de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas propone que el Consell garantice una «especial» protección a las empleadas y empleados públicos que denuncien irregularidades internas. La propuesta, de llevarse a cabo, sería una novedad en la legislación valenciana cuyo objetivo es combatir la corrupción en el ámbito público.

La idea es establecer un régimen legal de protección como tienen otros ordenamientos como el inglés. El fin es proteger la identidad de la personas que realiza la denuncia o alerta sobre la irregularidad.

Los sabios concluyen que a estos trabajadores se les deben ofrecer garantías de que no sufrirán ningún tipo de represalias por parte de sus superiores y por eso, es básico que se garantice el anonimato de la persona. Es obligatorio, por tanto, guardar secreto por parte de quien recibe la denuncia.

Así, entre otras cuestiones, se apunta que deben destruirse los archivos informativos que contengan la dirección de internet, domiciliaria o telefónica de donde procede la alerta. Los expertos „ocho especialistas en Derecho Administrativo y responsables de Función Pública„ apuntan que la ley debe «blindar» al denunciante frente al riesgo de eventuales represalias o discriminación tanto de forma directa como indirecta.

En el caso de que los controles se burlaran, el funcionario tendría derecho a una reparación económica.

El informe va más allá e incluso sugiere la posibilidad de introducir medidas positivas que estimulen la colaboración en la lucha contra las irregularidades administrativas y la corrupción.

En este sentido, introducen la figura de la «clemencia» para aquella personas que denuncian infracciones propias y de otros.

Con todo, también hay una contrapartida en caso de denuncias difamatorias. El informe plantea introducir nuevos tipos de infracciones cuando se presentan denuncias dolosamente.

De hecho, si el Consell de Ximo Puig decide hacer caso a las recomendaciones de los expertos, la nueva ley de la Función Pública contará en el apartado de régimen disciplinario con tres tipos más considerados como falta grave. Uno de ellos será precisamente las denuncias falsas de actividades irregulares imputables a autoridades y funcionarios realizadas de mala fe o con manifesta negligencia.

El informe, que tiene un volumen de más de 200 páginas, recomienda también sancionar a los funcionarios que utilicen de forma indebida sus permisos, licencias y créditos horarios. En concreto, los expertos creen que deberían ser sancionados si usan estos permisos para fines diferentes a los justificados.

Pero no sólo los empleados de a pie están en el punto de mira. Los responsables de las políticas de personal también deberían, según el documento, responder en aquellos casos de prolongación indebida de las situaciones de interinidad de los funcionarios o de los contratos temporales bien por acto expreso, bien por inactividad.

Los sabios piden también una reflexión sobre la introducción de la sanción económica en el régimen disciplinario, es decir, multa a los sancionados que no conlleve suspensión de empleo, ya que la interrupción de la prestación del servicio perjudica también a la Administración.

Asesores solo para miembros del Consell y rectorado

El comité de sabios de la Función Pública pone límites al nombramiento de asesores en la Generalitat, ya que entiende que sólo los miembros del Consell, es decir, el presidente y los consellers deben contar con estos trabajadores. También ve factible este personal de confianza para rectores o rectoras de universidades, mientras que la comisión concluye que este tipo de contratación debería estar prohibida en los organismos autónomos y entidades públicas de carácter instrumental.

El actual Consell limitó el número de asesores, pero, además del presidente y los consellers, tiene derecho a este personal de confianza las secretarías autonómicas, el segundo escalón de la administración.

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