Se van a agotar todas las vías: las administrativas y las judiciales. Esa es la promesa que ayer hizo el presidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez a los 187 alcaldes de municipios de menos de 5.000 habitantes amenazados por una multa de la Inspección de Trabajo. Muchos de estos ediles se reunieron ayer en Valencia para conocer qué pasos deben seguir tras haber recibido ya las actas formales de denuncia en las que se les exige hasta 42.000 euros. El organismo ha impuesto estas sanciones a los consistorios por contratar por convenio a profesionales técnicos y no como personal propio en plantilla, como informó Levante-EMV.

Aunque la idea es esa, llegar «hasta el final» administrativo del asunto y recurrir hasta donde se pueda, la diputación está estudiando ya la preparación de una partida presupuestaria para ayudar a los municipios a pagar estas multas. En total se calcula que serían unos tres millones de euros. «Les hemos dicho que vamos a estar con ellos hasta el final. Van a tener asistencia jurídica y, si tras todo el proceso, no consiguiéramos paralizar las multas, la diputación también estará con ellos para hacer frente a las mismas», señaló a Levante-EMV la diputada de Asesoramiento y Asistencia municipal Conxa García.

15 días para alegar

En la reunión de ayer tanto la diputada como el presidente explicaron que «es importante que los alcaldes actúen de manera conjunta». Así, se les explicó que el primer paso ahora es presentar alegaciones. Tras recibir el acta, tienen 15 días para hacerlo. Los servicios jurídicos de la corporación provincial han redactado un modelo en el que se recogen los argumentos que esgrime la diputación para no pagar la multa o al menos, paralizar el proceso. Paralelamente han pedido una reunión con la Delegación del Gobierno, «pero no tenemos noticias de ellos», lamentó García.

Estos convenios llevan 30 años aplicándose. Arquitectos, ingenieros de todo tipo y demás técnicos trabajan simultáneamente para más de un consistorio en calidad de autónomo. «Los consistorios no podrían asumir estos trabajadores como propios», apuntan.