Una de las exempleadas a sueldo de la antigua empresa pública Imelsa y militante del PP de Xàtiva ha aceptado devolver los 90.000 euros que cobró de la empresa pública en los cuatro años que estuvo sin acudir a su puesto de trabajo. Lo ha hecho después de que la fiscalía solicitara para ella una pena de cuatro meses de prisión.
Eva Luisa Sarrión Mira, que figuró en la candidatura que lideraba Alfonso Rus en las últimas elecciones municipales de 2015 y en las que no resultó elegida, admitió que percibió el dinero de forma irregular ya que no tenía ninguna función asignada en la empresa pública, por lo que ha aceptado devolverlo a la diputación.
Como ya informó este diario, dos extrabajadores de Imelsa admitieron hace unas semanas ante el juez que cobraban sin trabajar. Uno, José Estarlich, testaferro del exgerente de la firma, Marcos Benavent, y otro Eva Sarrión, integrante del PP de Xàtiva y cercana a Rus en la última etapa, pero sin tradición política consolidada. Ambos están siendo investigados en la pieza separada del caso Taula que investiga a los zombis, empleados de las empresas públicas que no realizaban ninguna función, pero que estaban en nómina.
Cajas en Bétera
Mientras, ayer partió del psiquiátrico de Bétera una furgoneta repleta de documentación sensible del caso Imelsa y que estaba almacenada en estas instalaciones. En varias de las cajas, como la que aparece en la imagen, se podía leer «césped y piscinas, área jurídica».
La documentación será puesta a disposición del juez y se espera que permita conectar las pesquisas realizadas hasta ahora con el modus operandi de la trama, es decir averiguar la forma en que en la práctica se amañaban presuntamente los contratos.
Sobrecostes del 10 %
El juzgado ya tiene en su poder una hoja excel en la que figuran contratos de instalaciones de césped artificial, piscina y pistas de pádel en los que existe un denominador común, una baja del 10 % del precio y después un modificado con un sobrecoste por esa misma cantidad.
En el caso Imelsa se investiga precisamente el amaño de contratos en época de Alfonso Rus en la presidencia de la diputación y del PP provincial, que habrían ido a los bolsillos de la trama y a la financiación ilegal del partido. El fiscal Anticorrupción sitúa precisamente a Rus al frente de una trama organizada para apropiarse de dinero público.
