25 de julio de 2016
25.07.2016
Fraude

El Consell caza a 600 defraudadores y les exige el pago de 720.000 euros por herencias y compraventas

Los datos corresponden al tercer trimestre de 2012, el primero analizado para evitar la prescripción del fraude fiscal

25.07.2016 | 04:15
La compraventa de inmuebles de segunda mano también se debe tributar. Foto: Levante-EMV.

Casas que se heredan, pisos que se compran nuevos o de segunda mano o inmuebles que se reciben a través de donaciones. En cualquiera de esos casos, hay que pasar por caja para declarar su cambio de propiedad y pagar el correspondiente impuesto a Hacienda, un paso que algunos intentan evitar para ahorrarse unos euros. Ahora, en la primera campaña sobre operaciones no declaradas que ha emprendido el Consell, se ha detectado un agujero de 720.000 euros derivados de la evasión de estos tributos durante el tercer trimestre de 2012. En total, se calcula que unos 600 contribuyentes se escaquearon de este pago en ese periodo en concreto.

Según informaron fuentes de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, los técnicos del departamento de Gestión Tributaria del Instituto Valenciano de la Administración Tributaria (IVAT) han empezado a cruzar datos con las oficinas notariales de la Comunitat Valenciana a partir de ese trimestre debido a que a los cuatro años prescriben estos delitos fiscales, de modo que «eran la prioridad». Las estimaciones apuntan a que solo en un año se habrían defraudado cerca de 3 millones de euros.

El Plan de Actuación de Protocolos No Autoliquidados (Papna) se lleva a cabo junto a las Oficinas Liquidadoras y representa la segunda ocasión en la que Hacienda cruza bases de datos de notarios y administración para detectar focos de evasión fiscal. La primera vez fue hace unos meses, con la campaña contra el fraude en el impuesto de patrimonio a través de la cual afloraron 2,12 millones de euros. Según señalaron las mismas fuentes, era la primera vez en 20 años que desde el Consell se emprendía una operación de este calibre. «Esta campaña supone un paso más entre las actuaciones que llevamos a cabo desde la conselleria en la lucha contra el fraude fiscal, para lo que contamos con la colaboración de las oficinas notariales de la Comunitat», asegura Clara Ferrando, secretaria autonómica de Hacienda.

Recargo del 75 %
El cotejo de estos datos arrojó en un primer momento una cifra de 1.060 contribuyentes defraudadores. Un número en bruto que, tras diversas comprobaciones, ha quedado en unos 600, según detallaron desde Hacienda. De esos más de mil investigados, un 20 % fueron excluidos de esta lista negra tras detectarse errores en el registro de sus impuestos, es decir, que realmente sí los habían abonado pero no constaba debidamente en las bases de datos del IVAT.

Otro 20 % de los afectados fue también descartado porque tras el contraste de la información se comprobó que no pertenecían a ciudadanos de la Comunitat Valenciana o que sus inmuebles no debían tributar en esta comunidad autónoma, a pesar de que sus notarios sí estuvieran afincados aquí. Con todo, finalmente el número de defraudadores durante junio y septiembre de 2012 se queda en esos 600.

De media, los técnicos sostienen que se han evadido unos 1.200 euros en cada caso. Un montante que ahora deberán abonar tras el requerimiento de Hacienda y al que se sumará un recargo del 50 % en concepto de sanción y otro 25 % por perjuicio económico. En total, un 75 % más de lo que deberían haber pagado en su momento.

Sin embargo, los defraudadores podrán ver reducida esa penalización en un 30 % si expresan conformidad y en un 25 % si realizan el ingreso sin presentar ningún recurso.

Por su parte, la secretaria autonómica Clara Ferrando afirmó que «para asegurar los servicios públicos sin tener que subir los impuestos, y mientras Madrid no nos garantice un sistema de financiación justo, uno de los pocos márgenes de maniobra que nos quedan es gestionar mejor nuestros impuestos propios y cedidos».

En este sentido, el Consell pretende taponar, como hizo con el impuesto de patrimonio, las vías de escape de varios millones de euros que nunca llegan a las arcas de la Generalitat. En el caso de patrimonio, la C. Valenciana se había convertido durante algunos años en una especie de paraíso fiscal después de que los sucesivos gobiernos del PP renunciaran durante a aplicarlo. La situación económica obligó a Fabra a reintroducirlo pero no se controlaba su cobro.

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