La diputada del grupo parlamentario Compromís, Isaura Navarro, reclamó ayer que la situación de «ilegalidad» del contrato realizado por el Hospital General de Valencia con el servicio de resonancias a la empresa Eresa desde 2012, según se desprende del informe de la Intervención de la Generalitat, debe resolverse de «manera inmediata».
El informe de la Intervención General de la Generalitat recuerda que la cláusula contractual suscrita entre ambas partes para establecer prórrogas por el mero consentimiento tácito por tres años es nula, y por tanto la vigencia del contrato debió de finalizar en 2012, por lo que desde entonces el servicio se viene prestando sin soporte legal por la empresa y todos lo actos derivados de este incumplimiento devienen nulos.
