Aprobada en 2007 y reformada en años posteriores, la ley de renta garantizada, que aseguraba un derecho en forma de prestación a personas con grave falta de recursos, ofrece en la Comunitat Valenciana un incumplimiento sistemático, bien por problemas de presupuesto o falta de voluntad política. Ayer, las Corts validaron el decreto para agilizar la resolución de los expedientes bloqueados.

Según expuso en la Cámara la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el último informe de rentas mínimas de inserción publicado por el Gobierno señala que el gasto medio anual por titular valenciano de prestación es de 1.762 euros, el más bajo del Estado, donde se supera de media los 3.500 euros.

Oltra aseguró que a su llegada a la conselleria encontró 19.224 solicitudes sin atender para el cobro de la renta de ciudadanía, mientras la cifra pendiente de resolver es ahora de 15.554, según Oltra.

Ayer, las Corts aprobaron con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP el decreto ley de renta garantizada de ciudadanía que tratará de paliar la situación de «extraordinaria» emergencia social, según Oltra. La novedad que se incluye en el decreto es que las direcciones territoriales dependientes de la conselleria serán consideradas centros de atención directa. La ley definitiva, en la que el Consell ya trabaja, se aprobará en unos meses. Oltra asegura que ya se ha reducido la cifra de expedientes pendientes de tramitación en un 24% y que el Consell de izquierdas ya ha distribuido 36 de los 39 millones que figuran en el presupuesto. Sin embargo, el PP sostiene que estas personas deben recibir un mayor apoyo de los servicios de empleo y que el decreto debe incluir un plan de inserción laboral y en esa idea apuntalan su abstención. Pero Oltra responde que lo más perentorio es estabilizar primero a las familias sin recursos y luego trabajar en su inserción laboral. Según la vicepresidenta, la Comunitat Valenciana ha sufrido un empobrecimiento del 36 % en los últimos años, con un 40 % de pobreza infantil y un 62 % en familias monoparentales.