Desde hace un año, los dirigentes que se encuentran en las administraciones públicas valencianas hablan de «herencia reputacional». En el caso de la Diputación de Valencia, ligada al nombre de Imelsa y consecuentemente al de corrupción (con decenas de imputados y piezas separadas dentro de una misma causa judicial con miles de tentáculos), esa carga es ingente. Para aliviarla, la diputación ha decidido «limpiar» uno de los departamentos que ha copado titulares recientemente, el del servicio de atención telefónica de la corporación provincial.
En mayo de 2013, la empresa Servimun consiguió un contrato por 2,26 millones para llevar el «call center» de la diputación, en concreto el servicio de atención telefónica relacionada con los tributos. Al frente de esta empresa se encontraba el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, uno de los 24 detenidos en la redada de enero derivada de la investigación de la trama Imelsa.
Ahora, la corporación está revirtiendo el proceso para purgar ese servicio, es decir, va a internalizarlo. Como ha salido hoy publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se convocan 50 puestos de empleo para auxiliares de información telefónica, de manera que el servicio queda asumido por el ente provincial.
Contrato extinguido en enero
Desde el pasado 31 de diciembre, el centro de llamadas de tributos está gestionado por trabajadores interinos, ya que el contrato con Servimun se extinguió y los nuevos gestores de Imelsa, ahora llamada Divalterra, decidieron no renovarlo. Además, las plazas ahora ofertadas también incluyen el departamento de «Diputació en directe», el otro servicio de atención telefónica para temas genéricos que afectan a la corporación provincial.
Hasta ahora, esta rama del servicio había estado también bajo la lupa porque durante la etapa del PP proliferaron las contrataciones de militantes del mismo partido de la localidad de Chiva, municipio del que era alcalde José Manuel Haro, responsable del área de la que dependía «Diputació en directe». En total entre las dos secciones de este departamento de teleinformación trabajaban cerca de 15 empleados. Ahora, según la convocatoria a la que ha tenido acceso Levante-EMV, se convocan 50 plazas de interinos para conformar una bolsa de trabajo de la que se irá nutriendo el departamento. La idea de la corporación es terminar con los «contratos extraños» de la etapa de Alfonso Rus y abogar por la recuperación de los servicios que hasta ahora estaban externalizados.
La causa que estudia el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales del caso Imelsa, se ha dividido en otras piezas, entre las que se encuentra la referente al «call center» del exsuegro de Benavent. Hay un total de 12 investigados (antes imputados), entre ellos el expresidente de la diputación, Alfonso Rus; el exgerente Marcos Benavent; y el mismo exsuegro, beneficiario de dicha adjudicación.
