Para el mejor funcionamiento de las instituciones judiciales, éstas necesitan que se lleven a cabo cambios estructurales. Esta es una de las conclusiones que se deriva de la rueda de prensa que ofreció en la mañana de ayer Pedro Viguer, el decano de los jueves de Valencia. Alrededor de 50.000 asuntos se resuelven en los 22 juzgados de instancia de la ciudad, una cifra muy elevada para los recursos «justos» con los que cuenta la Ciutat de la Justícia de València tal como explicó el decano.

«El estado debe mostrar el mismo interés para la justicia que el que muestra para la sanidad y la educación», alegó. Solo en el primer semestre de 2016, se han registrado 26.534 demandas, es decir, cada juzgado de instrucción registra al año 2.400 asuntos frente a los 750 que aconseja el Consejo General del Poder Judicial (CGJP). Pese a ello, la respuesta rápida por parte de la administración hizo que se incorporaran seis jueces de refuerzo -además de los 22 ya existentes- y evitó el colapso de la jurisdicción civil que ha estado a punto de provocar al «aluvión», en palabras de Viguer, de demandas por las preferentes y las acciones durante la crisis.

No a los indultos de corruptos

Pese a ello, Viguer insistió en que el proceso penal debe estar adecuado a la realidad social y desligado del poder ejecutivo. El decano pidió también reducir y limitar los aforamientos, excluir de los indultos a los condenados por corrupción y regular esta figura judicial, así como la acusación popular, la denuncia anónima y la redacción de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que supere la actual «ley de parches».

Viguer hizo hincapié en la necesidad de crear un cuerpo de delitos económicos ya que cada vez hay más casos de corrupción por lo que debe haber peritos contables «neutrales» al igual que existen médicos forenses al servicio del poder judicial. «Un 86% de los jueces consideran que es necesaria esta medida», indicó. Se convierte así en una medida necesaria por la carga de trabajo de los juzgados de Valencia, donde se acumulan 42 grandes causas, tanto por delitos económicos como de corrupción.

El decano destacó además la aplicación del estatuto de la víctima en agresiones a menores y a personas con discapacidad en la Comunitat Valencia que ha sido pionera a nivel nacional. Se puso en marcha en 2014 y contempla que durante el proceso judicial las víctimas tengan el menor contacto con su agresor para evitar su angustia y sobre todo que su versión de los hechos pueda cambiar. Así un psicólogo y un juez visualizan las declaraciones sin la intervención directa de éstos.

Viguer recordó que en España se invierten 27 euros por persona frente a los 35 de la media europea y pidió a los políticos que destinen más fondos para justicia.