29 de julio de 2016
29.07.2016

El Supremo falla que la línea recta de la becas de transporte «ponía en riesgo a los niños»

Anula por «arbitraria» la medida con la que el PP dejó sin autobús a 4.000 escolares en 2012 y que el Consell del Botànic ya había suprimido este curso

29.07.2016 | 02:17
Marzà, en las Corts, junto a Català, su antecesora al frente de Educación.

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que desestima el recurso de casación interpuesto por el anterior Consell del PP contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que anuló en octubre de 2014 la orden de Educación del curso 2012-13 que imponía el criterio de la distancia de tres kilómetros en línea recta entre el domicilio y el centro educativo para acceder a las becas de transporte escolar.

Dicho requisito ya fue suprimido para este pasado curso 2015-16 en una de las primeras decisiones que tomó la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà, lo que ha permitido que cerca de 4.000 escolares recuperasen el derecho a subirse al autobús que perdieron con los recortes del Consell del PP.

El alto tribunal califica de «arbitraria» la medida instaurada para el curso 2012-13 por la entonces consellera de Educación, Mª José Català. «La distancia real nada tiene que ver con la distancia en línea recta, por lo que la aplicación de la norma genera un trato arbitrario entre los afectados al apartarse de la realidad física», se lee en la sentencia. Añade que la conselleria introdujo el cambio de criterio sin un «estudio de impacto de la decisión». «Habla de criterios de eficiencia y eficacia, pero no cuáles son esos criterios», añade el auto.

«Irracional y arbitrario»
Así pues, además de criticar la falta de justificación de la introducción del criterio «en línea recta», el Supremo entiende que «dejar a los alumnos con distancias dispares de más de 3 km por camino transitable sin servicio de transporte escolar ha podido someter a los menores a una situación de riesgo que no ha sido observada a la hora de tomar la decisión de dejarles sin el servicio de transporte escolar en aplicación de un criterio carente de explicación objetiva». «Todo ello –prosigue– con incidencia en el principio de igualdad, al situar en posición de riesgo a unos menores y no a otros, en base a un criterio un tanto irracional, o al menos no justificado».

Desde Compromís, coalición que abrió la batalla judicial contra la línea recta, Isaura Navarro califica el fallo de «auténtico varapalo a las políticas del PP, Català dejó a miles de niños sin autobús, poniéndolos en peligro según el Supremo».
El fallido recurso del Consell del PP lo pagará la actual Generalitat, que ha sido condenada en costas (4.000 ?).

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