30 de julio de 2016
30.07.2016

"Las tasas sirven si revierten en la Justicia y gravan a los grandes usuarios"

El decano de los jueces cree que la eliminación definitiva del «tasazo» por parte del TC «llega tarde»

30.07.2016 | 04:15

«Desproporcionadas por su elevada cuantía, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva». Ese es el argumento central utilizado por el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) para anular, por unanimidad, las tasas judiciales que afectan a personas jurídicas (empresas, instituciones y otras entidades). Es el fin del «tasazo» que instauró el exministro popular Alberto Ruiz Gallardón en 2012, y que ya había sido parcialmente derogada un año más tarde por el mismo Gobierno que las aprobó, tras la forzada dimisión del que fue máximo responsable de Justicia.

La sentencia del TC da el carpetazo definitivo a la ley de Gallardón, pero lo hace cuatro años después de su aprobación y tres desde que su sucesor al frente de la cartera de Justicia dejara sin efecto el «tasazo» para las personas físicas, es decir, para los ciudadanos en general.

A juicio del decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, la sentencia del Constitucional «llega tarde, ya que la situación más gravosa estaba corregida en la práctica con la modificación de la ley. De hecho, de 2013 hasta ahora, no ha tenido casi incidencia en el número de asuntos recurridos». Viguer aplaudió el fallo del TC y recordó la imposición de las tasas judiciales, «tal como estaban recogidas en esa ley, eran desproporcionadas e injustas, por lo que esta sentencia es completamente lógica».

¿Dónde está lo recaudado?
Una de las preguntas que continúa en el aire es dónde está el dinero que el Estado recaudó durante el año y medio en que estuvo en vigor la ley inicial. «La discusión no es tasas sí o tasas no, sino cómo era esta ley. La mayor parte de los países de Europa tienen tasas de este tipo, pero son más justas y equitativas y lo que se recauda va a parar a la administración de Justicia.».

El decano defiende que «nunca pueden suponer un freno al derecho de los ciudadanos a reclamar Justicia. Y desde luego, no pueden gravar precisamente a quien menos utiliza el servicio de la Justicia. Un ciudadano puede recurrir una o dos veces en su vida. Es una barbaridad que alguien tenga que pagar 800 euros por acudir a la Justicia».

En su opinión, «las tasas deben ser proporcionadas y deben gravar a los grandes usuarios de la Justicia, que son precisamente las grandes entidades jurídicas, como las compañías aseguradoras y las entidades bancarias, que son quienes promueven miles de pleitos y tienen capacidad de hacer frente al pago de las tasas». Viguer se sumó así al aplauso general al carpetazo definitivo que el TC ha dado, cuatro años después, al «tasazo» de Gallardón.

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