El choque de trenes entre el Gobierno central (en funciones) y el Ejecutivo valenciano a cuenta de la financiación aumenta en intensidad cada día. La última aportación llega desde el Ministerio de Hacienda y la firma el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. En una carta enviada al conseller Vicent Soler tras la videoconferencia que mantuvieron el miércoles pasado, le precisa la exigencia de nuevos ajustes (recortes) y deja caer un futurible que suena a amenaza.

Traslada el alto cargo del departamento de Cristóbal Montoro al final de la misiva «las implicaciones» del incumplimiento de las decisiones que se pide al Consell que adopte.

Desliza así que, según la normativa en vigor, cada administración asumirá «en la parte que le sea imputable las responsabilidades del incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea». En otras palabras, el ministerio advierte al Gobierno de Ximo Puig que podría endosarle parte de la multa de Bruselas por incumplir el objetivo de déficit, marcado para toda España en el 0,7 %.

La previsión del Ejecutivo valenciano es cerrar 2016 con un déficit del 1,4 %, lo que supone una bajada de 1,1 puntos con respecto al último ejercicio (2,51 %).

El esfuerzo no es suficiente para el Gobierno de Mariano Rajoy, que pide más. Es lo que transmite Antonio Beteta en su carta posterior a la conversación con el conseller tras observar «con preocupación» la existencia de posibles «riesgos y desviaciones» en el cumplimiento del objetivo d estabilidad presupuestaria por parte de la C. Valenciana.

Como informó ayer Levante-EMV, el ministerio quiere que el Consell adelante el cierre presupuestario, tal como ha hecho el Gobierno central. Así, exige que antes del 5 de septiembre Soler le explicite las líneas fundamentales de la orden de cierre y los efectos estimados de lo que supondrá.

Soler, en la carta que ha enviado a Beteta por su parte, lamentaba que el cierre supondrá la paralización de inversiones y denunciaba el trato «injusto» por la infrafinanciación valenciana.