Luis Manent (Valencia, 1979) entró en el cuerpo de abogados de la Generalitat en las primeras oposiciones, cuando nació el organismo en 2006. Durante los años de titulares diarios sobre casos de corrupción, ha visto crecer exponencialmente el número de asuntos que tienen que atender estos «guardianes legales» de la administración valenciana.
¿A qué se dedica exactamente un abogado de la Generalitat?
Representamos a la administración valenciana en juicios, además, intentamos evitarlos. Es decir, realizamos el asesoramiento legal de todos los contratos, convenios, órdenes, decretos y leyes que se firman. Es como tener un juez dentro de casa, velando porque las normas que se vayan a aprobar sean conforme a derecho, porque aquí se juega con dinero de todos. No se tienen que destinar los recursos solo eficientemente, sino legalmente. Practicamos un control previo de legalidad para que luego no ocurran cosas como que te tumben contratos o te anulen oposiciones.
¿Ese control funciona?
Sí. El gestor lo que quiere es que las cosas salgan. Tienen una agenda que cumplir, pero los abogados no son gestores, sino asesores. Su deber es hacer observaciones.
¿Existe independencia o se han sentido presionados en alguna ocasión?
Somos independientes. Y si veo que existen presiones, mi deber es apoyar a los abogados y hacer de intermediario para impedirlo. Yo nunca he recibido.
¿Ha notado un aumento de carga de trabajo con los años de la crisis y la corrupción?
Sí, desde 2010 se consulta absolutamente todo.
¿Por precaución o para cubrirse las espaldas de cara a un posible juicio?
No es solo para poder decir «yo lo consulté», porque si te hacen observaciones y no las cumples... Es cierto que te pueden utilizar para escudarse, pero el buen abogado que está bien informado hace las indicaciones oportunas.
¿Y los políticos suelen hacer caso de estas observaciones?
La mayoría son atendidas, aunque no somos vinculantes. La responsabilidad última es de los gestores. De hecho, en un juicio, puede ser utilizado por la otra parte el hecho de no haber atendido nuestras indicaciones.
¿Es de estas decisiones de donde surgen tantas irregularidades y corrupción?
La mayoría de casos de corrupción se han dado en empresas públicas o áreas donde los abogados de la Generalitat no tenían que informar. La asistencia jurídica nuestra se ciñe a las consellerias, organismos autónomos, el IVAM, entidades derecho público... Y eso desde 2013. Antes solo estudiábamos los que emitían los departamentos. En los contratos y convenios de fundaciones y sociedades mercantiles, como Cacsa, la Fundación Palau de les Arts, etc., solo hay asistencia jurídica si hay convenio y el convenio dice qué cosas tienen que supervisarse. En muchos casos como Les Arts o parques temáticos no había abogacía de la Generalitat.
¿Qué habría que hacer para evitar esos casos?
Lo ideal sería todo lo que esté pagado con dinero público, de todos, estuviera también controlado por la abogacía de la Generalitat.
