La Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) ha iniciado el proceso de regularización de la planta de tratamiento de residuos situada en Manises, que quedó fuera de la ley tras una sentencia de 2010 provocada por la denuncia iniciada por el Ayuntamiento de Riba-roja. Diseñada para la recepción y tratamiento inicial de 350.000 toneladas anuales, el reinicio del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica en el marco de la ley 9/2006, sirve también para intentar resolver un problema aparentemente irresoluble: la «instalación 3», situada en el entorno del barranco del Pozalet, tiene una parte dentro del suelo calificado como «inundable» por el Patricova, que prohíbe expresamente los depósitos de residuos y vertederos en el suelo no urbanizable afectado por riesgo de inundación.
La planta, ya construida, recibe residuos del área metropolitana de Valencia, aunque tras un reciente acuerdo con el Consorcio de Residuos V5, que carece de instalaciones propias por falta de acuerdo entre los ayuntamientos, recepciona «provisionalmente» y en tanto se da una solución política a esta anomalía los residuos generados en las comarcas de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, la Safor y el Valle de Ayora.
Denuncia de Riba-roja
Inicialmente la planta recibió la Declaración de Impacto Ambiental favorable en noviembre de 2007 y la Autorización Ambiental Integrada en 2008. Sin embargo, la denuncia del Ayuntamiento de Riba-roja llevó a los tribunales a fallar que el plan especial que protege la planta no se tramitó adecuadamente y en 2010, la sala de lo Contencioso-Administrativo obligó a repetir todo el proceso «por una cuestión puramente formal», subrayan fuentes del Emtre.
Se da la circunstancia de que la Conselleria de Medio Ambiente, dirigida entonces por el Partido Popular, no informó del pleito hasta mayo de 2014 al Emtre, controlado entonces por políticos del mismo partido, lo que impidió a este organismo ejercer su derecho de defensa.
Respecto al riesgo de inundación, la cartografía del Patricova aprobada en el año 2003 no recoge afección de riesgo de inundación en las parcelas en las que se emplaza la actuación. Sin embargo, la cartografía de peligrosidad de la revisión del plan sí que afecta a las parcelas. Además, en el mapa de peligrosidad por inundación del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, se observa que la planta está parcialmente afectadas por el riesgo de inundación derivado de la avenida de 500 años de periodo de retorno. El estudio de inundabilidad, requerido a SFS -la mercantil que resultó adjudicataria- establece sin embargo que ni la zona de servidumbre de los barrancos de Pozalet y Poyo, ni su zona de Policía e inundación «intersectan» el recorrido «de cauce libre» y atribuye a un muro de hormigón de 20 centímetros de ancho y un metro de altura, ya construido, la facultad de «eliminar» el riesgo de inundación. Además, sin desviar el curso natural de las aguas y «dañar a terceros».
El citado estudio, así como todo el Plan Especial, están actualmente en fase de exposición pública.
