01 de agosto de 2016
01.08.2016
Hacienda

Montoro exige el cierre de empresas públicas deudoras y denunciará al alcalde que se resista

Ayuntamientos como Torrent, Burjassot o Morella ya han recibido la carta en la que Hacienda anuncia un ultimátum de 15 días

01.08.2016 | 04:15

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha enviado en los últimos días cartas a numerosos ayuntamientos valencianos con empresas públicas deficitarias en las que les exige el cierre inmediato. En tono duro, la secretaría general del ministerio recuerda a los alcaldes que la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local contempla la disolución automática de las entidades públicas deficitarias y que la propia ley recogía que aquella que el 1 de diciembre de 2015 no hubiera corregido su situación no podrá realizar ninguna otra actuación que no fuera la aprobación de su desaparición.

Pero el ministerio da un paso más y en la misiva señala a los ayuntamientos las empresas públicas que obligatoriamente tienen que cerrar, como ocurre con el Consell Agrari de Torrent, el Institut de Joventut y Cultura de Burjassot o las empresas públicas del Ayuntamiento de Morella, aunque el goteo de cartas se extiende por todas las comarcas.

La misiva finaliza con un ultimátum de 15 días a los ayuntamientos para adoptar la medida. En ese punto, el ministerio apercibe a los alcaldes y les recuerda que pueden incurrir en responsabilidad «personal» si incumplen la ley de Transparencia y Buen Gobierno, por lo que el Gobierno se reserva la adopción de medidas legales contra el alcalde.

En respuesta, el director general de Administración Local, Antoni Such, denunció ayer que la orden de cierre supone un «atropello» a la autonomía local, por lo que el Consell brinda su respaldo a los ayuntamientos frente al ministerio. «Es un ataque frontal al municipalismo y a muchos servicios públicos esenciales que prestan estas empresas por lo que nos oponemos abiertamente», añade Such que, en declaraciones a Levante-EMV, lamenta que un ministro en funciones envíe una carta tan dura a los alcaldes y que vulnere la autonomía local ya que la Ley de Racionalización se encuentra recurrida en su totalidad al Tribunal Supremo por parte de los propios ayuntamientos.

Mientras, las empresas que quedarían eliminadas de manera automática son las que se encuentren en desequilibrio financiero, pero ocurre que muchas de ellas prestan servicios de abastecimiento, depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos o transporte público de viajeros. Además, el Consell entiende que el requerimiento del ministerio carece de fundamento legal al dar por hecho la extinción de las entidades cuando no han habilitado el procedimiento formal para hacerlo.

Frente contra Hacienda

Esta misma semana está prevista una reunión de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para analizar esta situación. Such asegura que la Generalitat, conjuntamente con los alcaldes, «mantendrá una posición de defensa de la autonomía local» y apoyará las medidas que adopte la FVMP, que preside el alcalde socialista de Elda, Rubén Alfaro.

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