Uno de los puntos más polémicos de la Lomce ha sido aprobado a un mes del inicio del curso en el que se van a implantar los cambios y casi en agosto, con la comunidad educativa de vacaciones. Estas son algunas de las críticas que sindicatos, profesores y las AMPA vierten contra la aprobación de las reválidas que los estudiantes deberán aprobar a final de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato para conseguir los títulos.

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Real Decreto que implanta estas pruebas obligatorias y especifica algunas de sus características. Las reválidas se implantarán el curso 2016-17 pero no será hasta el 2017-18 cuando aprobarlas sea requisito indispensable para obtener los títulos. Se realizarán en cinco días como máximo (para comunidades con lengua cooficial, como el valenciano) y los exámenes serán de 60 minutos y 15 de descanso para los estudiantes de ESO; y de 90 y 20 para los de Bachillerato.

«Han aprobado uno de los puntos más problemáticos de la Lomce», explica Javier González, coordinador de Enseñanza de FETE-UGT País Valencià. «Son barreras para dejar al alumnado por el camino, ya que dificultan la continuidad en sus itinerarios educativos y profesionales», añade. Y es que, una de las exigencias de sindicatos y profesores era que estas evaluaciones no fueran indispensables para la obtención de los títulos académicos, pero el Ministerio no ha rectificado. A partir de 2018, los estudiantes de Secundaria que no las aprueben solo podrán acceder a la FP Básica, y los de Bachillerato a un FP de grado superior, pero no a la universidad.

«Nuestra oposición es rotunda, con las reválidas retrocedemos 40 años o más», se lamenta González, quien tampoco cree adecuado el momento de la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Se ha hecho con alevosía y nocturnidad», ya que no se esperaban el anuncio con el gobierno en funciones y menos en el último Consejo de Ministros de julio. «La comunidad educativa ahora no está trabajando», recuerda, por lo que el Gobierno se evita movilizaciones o muestras de rechazo.

Màrius Fullana, presidente de FAPA Valencia y de la Confederación Gonzalo Anaya de la Comunitat Valenciana, también muestra su descontento. «Siempre hemos estado claramente en contra de la Lomce y una de las razones eran estas reválidas», afirma, ya que considera que suponen «más dificultades para estudiar», y en FAPA no son partidarios «de 'jugárselo' todo a unas pruebas».

«Nos oponemos totalmente y creemos que podrían crear discriminación y ser menos objetivas que las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) actuales», asegura Fullana, y se pregunta sobre quién determinará los exámenes o cómo serán las correcciones. Fullana también es miembro de la directiva de Ceapa, a nivel estatal, entidad que estudia si es legal que un gobierno en funciones adopte estas medidas y si cabe posibilidad de denuncia.

Por su parte, Laureano Bárcena, presidente de ANPE Comunitat Valenciana (Sindicat Independent d'Ensenyament) afirma que en un principio no se han opuesto a las pruebas externas «pero con condiciones». «No queremos que la prueba de 4º de ESO sea un obstáculo, ya hay bastante fracaso escolar», detalla. Desde ANPE piden que solo tengan «efecto diagnóstico» y que los exámenes finales de Bachillerato «sean lo más parecido a las PAU».

Pendientes de los pactos

FAPA y FETE-UGT esperan que un cambio de colores en el Gobierno revierta la ley, o que si hay que implantar las reválidas el Consell «las dulcifique con los mecanismos autonómicos», como la de primaria, explica González.

Por otro lado, desde ANPE, Bárcena reclama a todos los partidos políticos -dentro del contexto de las negociaciones-, «que trabajen para llegar a consensos mínimos y evitar desajustes entre comunidades autónomas». Los tres esperan que los alumnos tengan un conocimiento claro de la pruebas lo antes posible.