Un día después de conocerse que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha enviado a varios ayuntamientos cartas en las que amenaza directamente a los alcaldes con tomar medidas legales «personales» contra aquellos que aún mantengan empresas públicas deficitarias e incumplan la ley de Racionalización y Sostenibildidad, el ministerio procedió ayer a publicar el listado de los ayuntamientos que mantienen obligaciones de pago que no están incluidas en los presupuestos.
En el documento aparece un centenar y medio de ayuntamientos valencianos, que, según los datos que maneja el departamento que dirige Cristóbal Montoro, acumulan pagos sin cobertura presupuestaria por valor de 123 millones de euros a fecha 31 de diciembre de 2015.
En concreto, los datos se refieren a la cuenta 413, tanto en el caso de los ayuntamientos como en el de las diputaciones provinciales, con cifras actualizadas al cierre de 2015 y al primer trimestre de 2016.
En la tabla adjunta se reproducen los datos de Hacienda respecto a los municipios que superan el millón de euros por este concepto. Destacan dos ayuntamientos alicantinos, el de la la capital y el de Orihuela, que registran la cifra más alta, con 20,2 y 18,4 millones respectivamente, seguidos de Gandia con 14,8 millones de euros. Más de una veintena de entidades locales supera el millón de euros.
También las diputaciones
Por lo que respecta a las diputaciones provinciales, la de Alicante también es la primera con 5,5 millones de saldo en obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto tras la liquidación de 2015, seguida de la de Castelló con 3,4 millones, aunque con datos del primer trimestre de 2016 esas cifras caen a 2,4 milones y cero euros respectivamente.
Por su parte, en el caso de la Diputación de Valencia las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto ascendían a 121.248 euros en diciembre de 2015 y a 4,7 millones a la conclusión del primer trimestre de 2016.
Según la explicación que realiza el Ministerio de Hacienda, los entes locales tienen la obligación de mantener un control sobre la cuenta 413, en la que se incluyen los acreedores de la Administración Local que mantienen operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.
Además, el ministerio que dirige en funciones Cristóbal Montoro añade que el objeto de dar publicidad a los nombres de los ayuntamientos que tienen más pagos pendientes es el de recordar a los gestores municipales que tienen que dar cumplimiento a la obligación de controlar el desarrollo de la cuenta 413.
En el caso de no hacerlo vulneraría la ley Orgánica de control de la deuda comercial del sector público. Según dicha norma, «las entidades de las Administraciones Públicas no sujetas a auditoría de cuentas efectuarán anualmente los trabajos de control precisos para, mediante técnicas de auditoria, verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria», es decir una especie de «facturas en las cajones» que carecen al cierre del ejercicio de cobertura legal.
Entidades no sujetas a auditoría
La norma, añade Hacienda, afecta a aquellas entidades del sector de las Administraciones Públicas que no están sujetas a auditoría de cuentas, para las que deben efectuarse trabajos de control al objeto de comprobar la existencia de las obligaciones recogidas en la citada cuenta 413.
