03 de agosto de 2016
03.08.2016

Castilla-La Mancha agudiza la "guerra del agua" con un recurso al Constitucional

Ximo Puig replica que la admisión a trámite del escrito «no presupone nada» ni afecta al Júcar-Vinalopó, aunque admite que es «una mala noticia»

03.08.2016 | 04:15

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene bien viva la «guerra del agua» que el Consell de la Generalitat había dado por muerta y enterrada, y ha decidido llevarla nada menos que al Tribunal Constitucional, donde su conflicto de competencias cuestionando los límites de la demarcación hidrográfica del Júcar que figuran en el Plan Hidrológico del Júcar ha sido admitido a trámite.

La decisión del tribunal «no prejuzga nada», como ayer se apresuró a recordar el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aunque sí evidencia dos maneras radicalmente distintas de abordar el conflicto sobre el Júcar que mantienen ambas comunidades y que del lado valenciano se ha dado por zanjado. Mientras el Consell renunció expresamente a denunciar el plan, la junta de Castilla-La Mancha no pierde oportunidad de hacerlo.

Castilla-La Mancha pretende que el Gobierno rectifique y excluya del ámbito del plan del Júcar las denominadas cuencas intracomunitarias, que según el Estatut de Autonomía podrían ser gestionadas directamente por la Generalitat Valenciana, aunque tanto los gobiernos del Partido Popular como los del PSPV-Compromís han renunciado a hacerlo para no dividir la Confederación Hidrográfico del Júcar (CHJ) en dos.

La Junta plantea conflicto de competencias sobre todo el articulado del plan que alude a las cuencas intracomunitarias y persigue con ello que el Consejo de Ministros rectifique el ámbito territorial de la cuenca. Lo que actualmente son «derivaciones» de agua entre una misma cuenca como el Júcar-Vinalopó o el canal Júcar-Túria, pasarían a ser técnicamente trasvases intercuencas.

Según el Gobierno castellano-manchego, la normativa «sustrae el acceso a nuevos caudales de agua a la provincia de Albacete, ya que podrían trasvasarse a comarcas de alta demanda de la costa levantina».

Además, Castilla-La Mancha argumenta que la traducción de la superficie territorial y la población que aporta cada comunidad a la representatividad en los órganos de toma de decisiones de la CHJ le perjudica.

El «arma» endorreíca

Se trata de «viejos» argumentos que ya han sido sustanciados en los tribunales. Así, en 2011 un recurso de la Generalitat Valenciana hizo que el Tribunal Supremo anulase un decreto del Gobierno que segregaba el Júcar del resto de las cuencas hidrográficas valencianas. La sentencia recordaba la existencia de otro dictamen anterior del alto tribunal (2004).

Mas recientemente, el Tribunal Supremo aceptó uno de los argumentos legales del Gobierno valenciano y de la Junta de Regantes del Vinalopó para no modificar el status quo actual y que puede resumirse en que si el río Palancia tiene que ser excluido a la fuerza del ámbito del Júcar también deben salir de su demarcación las cuencas endorreícas –sin cauces por donde evacuar el agua– y que ocupan la mitad de la provincia de Albacete. La sentencia resolvía que la capital, Albacete, no estaría dentro del Júcar al situarse en terreno endorreíco.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, aseguró ayer que la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del conflicto de competencia presentado por C-LM sobre el Júcar «no es una buena noticia pero no prejuzga nada» porque todo lo realizado hasta ahora respecto al trasvase –en alusión a posibles repercusiones sobre el régimen del trasvase Júcar-Vinalopó–ha sido «legal» y por tanto «no hay ninguna inconstitucionalidad».

Puig subrayó que la Generalitat esta personada en «todos los recursos» y va a «defender los intereses de los regantes de Alicante».

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