En 2013, Dolors Carrasquilla, una discapacitada afincada en Sagunt, se encadenó frente al Palau de la Generalitat para protestar porque el Estado le había rebajado el grado de invalidez. Tras dos meses de huelga de hambre, tuvo que levantar su protesta por recomendación médica sin conseguir nada, salvo la atención de los medios de comunicación y de los políticos (el hoy presidente de la Generalitat, Ximo Puig, entre ellos). Dos años después, los tribunales le darían la razón y le reconocerían el grado „y los euros„ que la Administración le había quitado.
Es un ejemplo, como los que hay detrás de las más de 13.500 quejas que el Síndic de Greuges recibió en 2015 por el colapso acumulado durante años en la tramitación de expedientes de dependencia. Según algunos cálculos de entidades ciudadanas, más de 30.000 valencianos han muerto antes de poder entrar en el sistema de la dependencia.
Es la herencia de una ley del Gobierno Zapatero „la de Dependencia„, histórica en su momento (diciembre de 2006) porque teóricamente iba a garantizar el entonces bautizado como cuarto pilar del Estado del Bienestar (tras la educación, la sanidad y las pensiones de jubilación), pero que dejaba su aplicación práctica y su financiación en manos de las comunidades autónomas.
Y los resultados en el caso valenciano están a la vista diez años después. Con la crisis de por medio y con la dependencia convertida en arma de los gobiernos del PPCV contra el entonces presidente Zapatero, el derecho subjetivo a la autonomía personal reconocido en la ley quedó en la práctica convertido en poco más que papel mojado.
Ahora, después de un año con su departamento abrumado en el intento a veces desesperado por desatascar la gestión de la dependencia, la vicepresidenta y consellera de Igualdad de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, considera llegado el momento de ir un paso más allá de la gestión pura y dura y pasar a blindar los derechos sociales.
La fórmula en la que el Consell trabaja ya es una nueva ley, que reúna un código de derechos sociales. Oltra, abogada, lo compara con el Código Civil. Se refiere a un conjunto de artículos que regulen la atención de personas mayores y en situación de dependencia.
El objetivo es que pueda funcionar como un amparo legal para los ciudadanos, una herramienta con la que puedan acudir ante los tribunales en caso de que la Administración no atienda una situación reconocida de dependencia.
Este código de derechos sociales es uno de los argumentos para la creación de la figura del delegado del Consell para el Modelo Social Valenciano, cargo nuevo con rango de secretaría autonómica creado con la remodelación de esta semana y que ocupará el profesor Francesc Xavier Uceda.
La hoja de ruta de la vicepresidenta, aseguran fuentes de su departamento, es tener el anteproyecto de la ley en el primer semestre de 2017.
La nueva norma reemplazará a la ley valenciana de Servicios Sociales, del año 1997, que se considera en este momento desfasada y que se quiere poner al día con la estructura de atención social emanada de la ley de Dependencia que el Gobierno estatal aprobó a finales de 2006.
El planteamiento de la vicepresidencia es que el nuevo código valenciano fije en primer lugar los derechos a la atención social de los valencianos para bajar después a enumerar y regular una cartera de prestaciones a las que podrían acogerse (de una residencia a la teleasistencia pasando por la atención de un cuidador o la ayuda a domicilio).
La transformación en un derecho real de lo que en práctica no es sino una asistencia graciable es una reivindicación histórica de los colectivos en defensa de los servicios sociales públicos.
