La de ayer fue una de las pocas comparecencias con posibilidad de hacer preguntas. Sin embargo, Mariano Rajoy evadió la oportunidad de despejar dudas respecto a los interrogantes que se le planteaban. Algunos como qué ocurrirá con Rita Barberá si finalmente el PP acepta la condición que le impone Albert Rivera de retirar a los cargos imputados. En caso de aceptar este punto, innegociable para Ciudadanos, la exalcaldesa de Valencia y actualmente senadora sería apartada de su puesto a las puertas de una casi segura imputación en el caso Taula.
Dos de las exigencias de Rivera afectan de pleno a la política valenciana: la primera, el mencionado castigo a los parlamentarios que estén imputados apartándolos de sus sillones, hecho que conllevaría la pérdida inmediata del aforamiento; la segunda atañe directamente a esta condición de «protección» que ostentan todos los representantes públicos, estén investigados o no, ya que Ciudadanos pide la eliminación de esta figura. De una manera u otra, parecen medidas encaminadas a despejar el camino de los tribunales hacia la investigación de Barberá por presunto blanqueo.
Entre la espada y la pared
Ante este panorama, la exalcaldesa ha acabado por convertirse en un obstáculo de Rajoy hacia la Moncloa, a quien une una estrecha relación personal y política desde hace años. La que en su día era uno de los pilares sobre los que se sustentaba el PP y la que recibía los elogios del presidente en funciones en mítines y conferencias, forma parte de esa Ejecutiva nacional del PP que el próximo miércoles votará si acepta o no los seis ejes de Rivera. Es decir, Barberá deberá votar si políticos imputados, como probablemente lo esté ella en breve, pierden su escaño. También lo tendrá que votar Rajoy, quien llamaba «alcaldesa de España» a Barberá.
La imputación de la senadora podría estar al caer, ya que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a este tribunal competente (precisamente por su condición de aforada) que abra causa contra ella por la presunta comisión del delito de blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.
En este sentido, también todos los concejales del consistorio valenciano estarían bajo la lupa si finalmente se aprobara esta propuesta de Ciudadanos, aunque Rivera no especificó si se trata solo de imputados en el Congreso y el Senado o engloba también a instituciones locales.
Barberá salió de las urnas como miembro del Senado en las pasadas elecciones generales del 24 de junio. El PP valenciano no se atrevió a eliminarla de las listas porque no estaba formalmente imputada. Tampoco eliminó a Óscar Clavell, número dos por la lista del PP de Castelló y exalcalde de la Vall d’Uixó, imputado por los delitos de prevaricación, malversación y fraude ilegal al aprobar el pago de una decena de facturas de más de 700.000 euros cuando era edil. El PP valenciano siempre ha argumentado en este caso que se trata de una causa administrativa, no penal. Falta saber si Ciudadanos también lo ve así y transige en sus líneas rojas.
Quien ayer consideró las propuestas de Rivera «un buen comienzo para negociar» la formación de un futuro gobierno fue Isabel Bonig. La presidenta del PPCV es una de las dirigentes populares que más repite aquello de «quien la hace, la paga» y en la pasada campaña electoral sacó pecho de la «limpieza» en sus listas.
